Desde que comenzó la crisis económica, el trabajo se acumula en los juzgados de lo Social de la comunidad aragonesa. Su papel como árbitros en las disputas entre trabajadores y empresas en las situaciones de despido han multiplicado el volumen de casos tramitados, hasta tal punto que durante el primer trimestre del año se ha batido el récord de denuncias por este tipo de conflictos.

En concreto fueron 710 las denuncias presentadas entre enero y marzo de 2012, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2011. La inmensa mayoría tienen lugar en la provincia de Zaragoza, donde se tramitaron más del 80% de las 2.467 presentadas el año pasado.

Es la triste realidad que se vive en la comunidad desde que las cifras del paro no dejan de subir en Aragón. Al trauma personal de perder el empleo, el despedido debe hacer frente a un largo periplo judicial que se inicia con el denominado acto de conciliación.

En este encuentro con los responsables de la empresa, un servicio de mediación intenta solucionar la disputa antes de llegar a los tribunales. En caso de no llegar a acuerdo -como suele ocurrir-, el afectado tramita una denuncia en los juzgados de lo Social, donde se decide si el despido es nulo, procedente o improcedente.

Si se declara nulo, la readmisión del trabajador debe ser inmediata, mientras que si es improcedente, la empresa puede optar, en un plazo de cinco días, por devolver el puesto de trabajo o indemnizar al afectado en caso de no querer tenerlo en plantilla.