Las Cortes de Aragón han manifestado su "preocupación y desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ratifica la legalidad de la compraventa de los bienes histórico-artísticos del Monasterio de Villanueva de Sijena porque "cercena el Estatuto y los derechos históricos" de la Comunidad Autónoma.

El Pleno del Parlamento autónomo ha aprobado una proposición no de ley del PAR, enmendada por CHA, en la que la Cámara insta al Gobierno regional a rechazar la sentencia y comunicar esta posición a la Generalitat de Cataluña y el Ejecutivo central.

Asimismo, las Cortes emplazan al Gobierno autónomo a ejercer las acciones jurídicas necesarias para que los bienes sean devueltos a Aragón. El Parlamento también actuarán en este sentido.

Las Cortes proponen al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi que se coordine con el Ejecutivo central y apoyan al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y las instituciones que exigen el regreso de los bienes. El Parlamento trasladará el acuerdo al TC, la Generalitat y el Ejecutivo central.

El portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, Alfredo Boné, ha afirmado que es "obligación" del Parlamento realizar todas las acciones a su alcance para recuperar los bienes.

Aragón tiene razones históricas, culturales, jurídicas y sentimentales para reivindicar el regreso de los bienes de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Estos bienes "se encuentran secuestrados en Cataluña", ha considerado.

Incumplimiento de la legislación

Por su parte, la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha animado a "intentar por todos los medios" la recuperación de estas obras de arte y ha lamentado el "incumplimiento notorio de la legislación del Estado" en este asunto.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha considerado que recuperar los bienes es "responsabilidad y obligación" del Gobierno autónomo y ha criticado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por considerar que el litigio debe resolverse sin el concurso del Ministerio.

Asimismo, la parlamentaria socialista, Ana Cristina Vera, ha rechazado la sentencia del TC y ha sostenido que el Gobierno de España debe tomar cartas en el asunto. "Los bienes deben volver a Aragón".

El diputado popular, Miguel Navarro, ha señalado que los cinco Grupos Parlamentarios están en desacuerdo con la sentencia y ha opinado que, aunque en 1983, cuando se realizó la primera de las dos operaciones de compraventa, Aragón no tenía competencias suficientes para frenar el proceso, la Generalitat catalana debería haber solicitado autorización al Gobierno de España.