El alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, ha considerado "inaudita" la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la venta a Cataluña de los bienes del patrimonio histórico-artístico del Monasterio de Sijena y negar a Aragón la posibilidad de ejercer el derecho de retracto.

En declaraciones, el responsable municipal ha lamentado el contenido de la resolución y ha instado a los magistrados del Constitucional a explicar a los aragoneses "en qué artículo de la Ley de Patrimonio dice que el Gobierno aragonés no podía ejercer derecho de retracto sobre esas piezas".

También ha criticado los argumentos de los magistrados al considerar que en el conflicto de competencias planteado prevalecen los derechos de Cataluña al estar depositados los bienes en su territorio.

Para Salillas, "si realmente prevalece el sitio donde están depositadas esas piezas, que me expliquen por qué el Gobierno catalán fue a Salamanca a recuperar los papeles de la Guerra Civil".

El edil, que se ha mostrado contrariado ante una decisión que se ha hecho esperar casi 14 años, ha explicado que, en su opinión, la venta de los bienes no se ajustó a la legalidad, porque "se hizo adrede, con nocturnidad y alevosía, para que nadie se enterara".

Ha expresado, además, su malestar por la falta de iniciativas en estos años ante el Constitucional y el Ministerio de Cultura por parte de los sucesivos gobiernos en Aragón en favor de los bienes de Sijena.

Según el responsable municipal, este "desinterés" también se ha evidenciado respecto a los frescos que fueron arrancados en 1936 de las paredes de monasterio y trasladados al Museo Nacional de Cataluña.

"Esos frescos -ha destacado- deben ser considerados botín de guerra, pero todavía no he escuchado a nadie de ningún gobierno aragonés en los últimos años que manifestara interés por defender esta posición ante el Ministerio de Cultura".

También ha expresado su preocupación ante la advertencia hecha por dos de los magistrados que han emitido un voto particular en el que avisan que los límites constitucionales acordados respecto a los bienes depositados en otros territorios, impiden a las comunidades autónomas la posibilidad de ejercer derecho de retracto para su recuperación.

Según Salillas, este argumento podría afectar a otras piezas del patrimonio histórico artístico de Aragón en litigio que permanecen depositadas en Cataluña.

"Decepcionante" para el Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha expresado este miércoles su voluntad de "acatar" la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque ha resaltado que su contenido es "decepcionante" para los aragoneses.

Así se ha manifestado el director general de Patrimonio del Ejecutivo aragonés, Javier Callizo, tras hacerse pública la resolución del Constitucional que estima el conflicto de competencias planteado por el Gobierno catalán para impedir el ejercicio del derecho de retracto anunciado.

En declaraciones difundidas por el Gobierno autónomo, Callizo ha asegurado que la "discrepancia" de la Comunidad aragonesa se sustenta en los dos votos discrepantes emitidos por cuatro de los magistrados del pleno del Constitucional, para quienes el conflicto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Ha considerado, además, que la falta de unanimidad entre los magistrados en un asunto "tan importante" como un conflicto de competencias entre comunidades autónomas "resta fuerza" a la resolución. Para el responsable político, la sentencia, que ha tachado de "controvertida", adolece de "contradicciones" que los propios votos particulares han puesto de relevancia.

Callizo ha admitido que el fallo del Constitucional, cuyo estudio han iniciado este miércoles los servicios jurídicos del Ejecutivo, "no es fácilmente recurrible, ni recurrible siquiera", pero ha expresado la voluntad del Gobierno aragonés de servirse de todos los instrumentos del Estado de Derecho para tratar de hacerle frente.

Así, ha advertido que "llegaremos hasta el final, si es que hay algún recoveco que permite la ley o podemos plantear el conflicto de otra manera".

Ha descartado, por otra parte, que la jurisprudencia creada por el Constitucional pueda perjudicar el litigio por los bienes de las parroquias de la Franja Oriental de Aragón depositados en Lérida.

Según Callizo, "en el caso de Sijena hablamos de una venta, pero en el otro de un depósito, que, además, es una cosa juzgada por el tribunal supremo del Vaticano (Signatura Apostólica)", cuyo contenido ha considerado "no recurrible" al esta avalado por el Concordato Iglesia-Estado.

CHA considera "indignante" la sentencia

Chunta Aragonesista considera "indignante y un menosprecio al pueblo aragonés" la sentencia del Tribunal Constitucional. "Esta sentencia, que no resuelve sobre la venta ni la propiedad, contrapone el Estatuto catalán al aragonés y desde luego el nuestro pinta menos", ha señalado la portavoz de CHA en las Cortes Nieves Ibeas.

En su opinión "la culpa de que nos hayan convertido en una Comunidad de segunda es de los sucesivos Gobiernos de Aragón, que no han considerado que resolver el expolio de nuestro patrimonio fuera una cuestión de Estado, como lo es para CHA, y no han sido lo beligerantes que deberían haber sido ni en lo político ni en lo jurídico, como hemos reclamado también desde CHA durante años".

El abogado dice que hay otras fórmulas para recuperar los bienes

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha asegurado que "todavía hay otras fórmulas jurídicas más serias que el derecho de retracto" para recuperar los bienes vendidos a la Generalitat de Cataluña por las monjas del Monasterio de Sijena "y que habrá que implementar en el futuro".

Jorge Español no ha querido adelantar cuáles serían esas acciones jurídicas que todavía se pueden ejercer, pero ha deseado que "el Gobierno de Aragón las estudiase", para afirmar que serían vías "buenas". También ha recordado que contra la sentencia del TC no cabe recurso.

El abogado ha subrayado, asimismo, que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional "discrepan de la mayoría" y argumentan que el TC "entra en una materia que no le corresponde" ya que "el ejercicio del derecho del retracto deben dirimirlo los tribunales ordinarios", una "crítica dura" y que "entiendo que tiene razón".

Además, Español ha apuntado que la sentencia del TC "no ha sido ninguna sorpresa" y ha subrayado que "no tiene efecto alguno" sobre los 112 bienes de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón y de los cuatro bienes de las parroquias de Berbegal y Peralta de Alcofea de la Diócesis de Huesca, en depósito en Lérida y cuya devolución se reclama desde Aragón.

Al respecto, el abogado ha explicado que "la decisión de sacarlos de Cataluña es de 1995 y, por lo tanto, varios años anterior a la posterior e ilegal catalogación catalana de 1999, catalogación que, como ya dijo la ex consejera de Cultura catalana, Caterina Mieras, se hizo claramente con el fin de frustrar la devolución de esos bienes a los propietarios aragoneses".

Igualmente, ha señalado que, "con todo respeto, la catalogación catalana es nula e ilegal porque no fue notificada a las parroquias propietarias y, en este sentido, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia así lo ha declarado en un caso igual".

El letrado ha recordado que el TC estimó un recurso de la Generalitat en el caso de los papeles de Salamanca, "anulando la catalogación castellana porque precisamente trataba de impedir que esos bienes salieran de Salamanca para regresar a Cataluña" y "nos gustaría que los tribunales traten a todos por igual y en ello estamos plenamente confiados".