Conscientes de su papel como auténticos motores económicos y sociales de los países, buena parte de las empresas existentes hace tiempo que se hicieron eco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establece la Agenda 2030 de la ONU. Así, han integrado estas políticas en su día a día y desarrollan con frecuencia proyectos que tienen a estos programas como principal seña de identidad.

Su importancia en el devenir de la sociedad las convierte en responsables de primer nivel de que el cambio hacia un mundo mejor que se espera haber logrado en una década sea una realidad. Prueba de ello es que el pasado año España fue reconocida en la presentación del Observatorio ‘ODS, transformando objetivos en realidad’ por la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, Cristina Sánchez, como el país con mayor cantidad de empresas (1.534) adheridas a la consecución de estas metas por delante de Francia y Brasil. 

Una labor que este año han tenido que compaginar además con la vorágine causada por la crisis del coronavirus, lo que no ha impedido hayan seguido teniendo en cuenta estos principios, circunstancia que responde también a que estos forman ya parte indispensable de la época en la que vivimos. Trabajo decente, combate de la pobreza, igualdad de género, consumo responsable o innovación tecnológica son conceptos sobre los que existe un amplio consenso y que ya antes de la adopción de los ODS en el año 2016 muchas organizaciones impulsaban de manera decidida.

Uno de los apartados en los que más se reflejan sus logros es en el que tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura (ODS 9). En Aragón, por ejemplo, el 22% de su Producto Interior Bruto y el 19% de su ocupación dependen de la industria. Asimismo, en 2016, un total de 570 empresas del territorio llevaron a cabo actividades innovadoras en el campo de la tecnología, lo que supuso una inversión en esta área productiva de 321.766 euros, tal y como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Medidas pendientes

No obstante, y a pesar de los avances conseguidos, todavía queda camino por recorrer. Algunas de las acciones pendientes que más se reclaman a las grandes empresas tienen que ver con el ODS referido a la igualdad de género, pues el techo de cristal sigue siendo una realidad en multitud de zonas del mundo.

Asimismo, el papel de las organizaciones en el consumo energético y en el nuevo modelo hacia el que se dirige el planeta y que según numerosos expertos ha de basarse en las renovables, la eficiencia y una transición justa e inclusiva, constituye otra de las grandes claves a este respecto.

Otra de las tareas pendientes tiene que ver con el objetivo que aborda la vida submarina. "Es curioso cómo el ODS menos citado por el sector empresarial sea el 14, cuando en España dependemos económicamente, y hay varios sectores vinculados, no solo la pesca sino también el turismo, de la salud de los mares, de los que nos alimentamos en el más amplio sentido de la palabra", lamentó Sánchez en la cita.

Por su parte, las entidades sociales que se dedican a los proyectos de cooperación internacional reclaman que se aprueben medidas encaminadas a una fiscalidad más justa para que las grandes compañías con actividades en los países más desfavorecidos paguen allí más impuestos y puedan así distribuirse mejor los recursos en estas zonas. Por ello, muchas de estas asociaciones también piden la erradicación de los paraísos fiscales o que las cuantías recaudadas en indicadores como la tasa tobin (para las transacciones financieras) se destinen a este tipo de proyectos.

No obstante, y a pesar de las tareas pendientes, buena parte de las organizaciones ven ya a los ODS como una parte importante de su actividad diaria, una circunstancia que es vital para que estos puedan cumplirse con garantías dentro de diez años. 

La labor en la administración

Además del trabajo conjunto al respecto de los OSD en el mundo empresarial, es fundamental que las administraciones se coordinen a la hora de tratar de cumplir con la Agenda 2030.

Aunque manejan presupuestos independientes, las diferentes instituciones públicas se dedican a ámbitos que tienen numerosos puntos en común. En España, además del gobierno central, multitud de ayuntamientos, diputaciones y municipios ya cuentan con áreas específicas dedicadas a la Agenda 2030 entre sus estructuras y con códigos de buenas prácticas en este sentido.

Una de las grandes asignaturas pendientes en esta cuestión es la de la cooperación al desarrollo, partida que se ha visto mermada desde el estallido de la crisis de 2008 y cuyo aumento reclaman con urgencia las asociaciones del ámbito. El pasado mes de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, se comprometió a incrementar los fondos destinados a esta política hasta el 0,5% de la Renta Nacional Bruta al final de la legislatura, un 0,3% más de lo que se dedica en la actualidad.

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