El Consejo de Ministros  ha aprobado recientemente un Programa nacional de control y erradicación de la polilla guatemalteca (Real Decreto 197/2017) que incluye medidas preventivas, así como la prohibición de la plantación de cultivos en las zonas afectadas e indemnizaciones por las partidas de patatas contaminadas.

El responsable de la sectorial de la patata de COAG, Alberto Duque, ha asegurado que “el sector está muy preocupado, ya que todas las enfermedades tienen capacidad de mutación”.

En estos momentos, la polilla guatemalteca se ciñe a la cornisa cantábrica, en zonas limítrofes con el mar, ha explicado Duque, quien ha expresado su temor a que “una mutación haga que la plaga de el salto al interior, lo que sería un tema muy grave, porque no hay por ahora resultados de controles químicos que determinen su erradicación”.

Adoptar medidas

El responsable de medios de producción y sanidad vegetal de Asaja, José Ramón Díaz, también reconoce que hay “preocupación” por las consecuencias de una posible extensión de esta “importante” plaga, y recomienda a los agricultores afectados que, “aunque parezcan duras”, adopten todas las medidas del Programa de Control.

“Las mutaciones no son tan fáciles, pero pueden ocurrir y más cuando hablamos de una plaga”, ha advertido después de apoyar la acotación de las zonas afectadas prevista por las administraciones para procurar su erradicación.

Indeminaciones

Desde UPA, el responsable agrícola de Unions Agrarias, José Ramón González se ha mostrado convencido de que, ahora, tras el real decreto, “lo importante es controlar la plaga“.

En cuanto al real decreto, ha asegurado que “no se puede racanear con las indemnizaciones” ya que, según le avanzaron en Agricultura, sólo prevé compensaciones para los que aparecen en el registro de afectados que habilitó la Xunta y que incluye tan solo al 5-7 % del total por ahora, y no a los que decidieron renunciar a la siembra.

Sobre su posible extensión, se ha mostrado convencido de que no va a suceder y que, en el hipotético caso de que si ocurriera, implicaría el cierre de las fronteras de España a la exportación, lo que sería “muy grave para Galicia”, que dirige un porcentaje muy importante de su producción a Portugal.

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