El Gobierno hizo este martes una fuerte apuesta por la investigación en España. El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027, la hoja de ruta que marca el uso que harán los ministerios de todos sus fondos para potenciar los grupos y centros de investigación españoles. Como principal medida aumenta en más de un 30% la inversión en esta área para el próximo cuatrienio.

El plan gubernamental, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Universidades, prevé entregar a campus, centros, equipos y empresas 18.400 millones de euros hasta 2027, lo que supone una media anual récord de unos 4.500 millones. Es una transferencia de 1.000 millones más cada año que la recogida en el plan 2021-2023, lo que significa una mejora del 32%. La mayoría de este dinero, todo lo que el Gobierno destinará en el cuatrienio a I+D+i, se repartirá en convocatorias de concurrencia competitiva. La titular de Ciencia, Diana Morant, destacó que se trata de «una inversión en ciencia sin precedentes en la historia de España».

El aumento de fondos pretende cumplir, en la parte que le toca al Ejecutivo, con el compromiso establecido hace dos años por la Ley de Ciencia, que prevé que, para 2030, las diferentes administraciones públicas inviertan cada año en el desarrollo del sistema español de I+D+i al menos el equivalente al 1,25% del PIB.

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Este compromiso supone duplicar los fondos públicos que se destinaron a investigación al comienzo de esta década y alcanzar la proporción recomendada por la Comisión Europea, algo que ya practican algunos de los socios más desarrollados. Si todos los implicados (Gobierno, autonomías y empresas privadas) cumplen su parte, el sistema de investigación e innovación español dispondrá del 3% del PIB.

Entre el medio centenar de áreas de inversión que la hoja de ruta marca como prioritarias están la inteligencia artificial (IA), las energías y movilidad limpias, los nuevos materiales, la microelectrónica, la medicina personalizada y la salud de vanguardia, los avances en enfermedades infecciosas, la digitalización y las telecomunicaciones, el espacio o la bioeconomía.

Menos burocracia

El proyecto cuenta con un alto consenso social y político, según el Ministerio de Ciencia, que explicó que han incorporado la mayoría de las 364 alegaciones de todos los sectores implicados y asegura que las autonomías expresaron una opinión positiva en el Consejo de Política Científica que debatió el documento.

Los principales objetivos del plan son fortalecer el sistema español de ciencia e investigación, potenciar su capacidad de atraer y retener talento científico y ampliar la transferencia de conocimiento de los centros públicos a las empresas, para mejorar y hacer más competitiva la economía española. Una de las partidas que tiene un mayor aumento es la destinada a atraer, formar y retener el talento, para lo que se destinan 2.127 millones hasta 2027, una media de 530 por año.

Los cinco grandes programas del plan son el de mejora de recursos humanos -que además de la captación de talento prevé la incorporación y formación de personal técnico-, las subvenciones para investigación y desarrollo (el grueso de las ayudas), los fondos para aumentar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre sector público y privado, la financiación de la innovación (incluida la creación de 'startups') y los recursos para infraestructuras de I+D+i (entre ellos la contribución a la Agencia Espacial Española).

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De manera transversal, el documento también establece medidas para la simplificación administrativa de la gestión de las subvenciones (una demanda histórica de los grupos de investigación), un paquete de actuaciones para minimizar las brechas de género, reglas para asegurar la ecorresponsabilidad y acciones de fomento de la ciencia abierta.

El plan incorpora dos novedades relevantes respecto a documentos anteriores. La primera es que tiene una estructura más transversal, porque busca una colaboración más intensa entre todos los agentes del sistema, en especial en la transferencia de conocimiento. La segunda, que incorpora un sistema de evaluación externa independiente, que a su término auditará su eficiencia, la excelencia de los resultados y el grado de repercusión logrado por su desarrollo en los diferentes territorios.