Los rectores han defendido este lunes que los 1.500 contratos de las universidades a investigadores acogidos al programa de atracción de talento internacional María Zambrano no exigían su posterior estabilización.

En respuesta a la petición hoy de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, a que hagan lo posible por estabilizarlos una vez acaben sus contratos, fuentes de la Crue han dicho que los "zambranos" permitían contratos temporales de uno a tres años y "no aparecía como requisito" su posterior estabilización por las universidades beneficiarias, a diferencia de lo que ocurre con programas similares como el Ramón y Cajal y Beatriz Galindo.

Tras una información de El País con la denuncia de científicos atraídos a España bajo el paraguas del María Zambrano que al término de su contrato ven que no se consolidará su puesto, los rectores explican que el Ministerio de Universidades lanzó en 2021 este programa de contratos posdoctorales para incorporar a las universidades públicas españolas investigadores con experiencia previa en universidades u organismos de investigación de fuera de España.

Estos investigadores "en general, no han podido solicitar proyectos como investigadores principales, ya que la mayor parte de agencias financiadoras, les exigen para ello que sus contratos tengan un periodo de duración al menos igual al periodo de ejecución del proyecto. Esto difícilmente se cumple cuando están contratados como máximo por tres años", añaden las mismas fuentes de la CRUE.

"El mayor inconveniente" es que nació "sin compromiso de continuidad y sin la financiación necesaria para ella por parte del organismo financiador. No obstante, las universidades públicas españolas durante los años de duración del programa, como llevan haciendo muchos años con otros programas similares, han puesto en marcha los mecanismos a su alcance para ayudar al desarrollo profesional de estas personas".

Concluyen que los beneficiarios del programa podrán incorporarse al sistema universitario "en el futuro inmediato", participando en los concursos para la provisión de las más de 4.200 nuevas plazas de personal docente e investigador (ayudantes doctores) que se convocarán en todo el sistema universitario español como consecuencia de la implantación progresiva de la nueva ley universitaria (LOSU).

En sus declaraciones tras presidir el Pleno del Consejo de Universidades, la ministra ha dado a entender que estas plazas no van destinadas a este personal sino a profesorado que trabaja en la universidad desde hace muchos años en una situación laboral muy precaria, como es el caso del profesorado asociado.