El cierre de un 30% de las sucursales copa cada vez más las quejas de los consumidores

Cada vez menos oficinas bancarias están al alcance de los ciudadanos aragoneses, con todo lo que ello implica. El proceso de reestructuración del sistema bancario durante la crisis económica ha bajado la persiana a una de cada tres sucursales en la Comunidad. Un proceso que ahora se ha ralentizado, pero que ha llevado a las organizaciones de consumidores a recibir “cada vez más” quejas y solicitudes sobre qué hacer ante este tipo de situaciones, especialmente perjudiciales para la población rural.

En total, Aragón ha pasado de albergar 1.807 oficinas en 2008 a tener ahora en la actualidad 1.295, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Este proceso ha sido idéntico en todo el país, donde en total han cerrado más de 13.000 oficinas fruto de las fusiones, las exigencias desde Europa para las entidades que han recibido dinero público y la reducción de la presencia en el territorio de las sucursales de otras comunidades y de bancos extranjeros.

Desde las asociaciones de consumidores y usuarios con más presencia en la Comunidad se explica que esta situación ha sido una de las que más han notado los consumidores durante la crisis. “Es cierto que se partía de un punto en el que parecía que había demasiadas oficinas, pero la brusquedad con la que se ha recudido el número de sucursales ha sido lo más problemático, especialmente en zonas rurales”, señala José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, quien también señala que “esta situación la han notado más los usuarios de mayor edad, que no están acostumbrados a hacer uso de los medios telemáticos”.

Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) se estima que la reforma financiera ha dejado apenas 14 entidades fuertes en todo el país, señalando a los consumidores que de cerrarse su oficina -para aquellos que no la visiten con asiduidad- lo notarán en que su número de la cuenta bancaria variará.

Además, se recalca la necesidad revisar los términos y las condiciones para que sigan siendo las mismas y, en el caso de decidir abandonar el banco para cambiar a otro más cercano, clausurar la cuenta completamente, “no solo vaciarlas, ya que podrían seguir vigentes comisiones por mantenimiento”, explica el presidente de la UCA.

Más complicado parece el caso de aquellos clientes que mantenga con un banco una deuda hipotecaria o un crédito. Una situación que ha denunciado en reiteradas ocasiones la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en la actualidad está asesorando en Aragón a más de una decena de afectados, “con situaciones especialmente graves”, motivadas por el cierre de oficinas.

Una de ellas es Sandra, una joven zaragozana que, pese a estar trabajando, no puede seguir pagando la hipoteca que firmó en el año 2002, cuando contaba con su propia empresa y era económicamente “mucho más solvente”. Su banco, Caja España-Duero (ahora Banco Ceiss), se ha quedado con una única oficina en Aragón, situada en Zaragoza, lo cual asegura que le está complicando la negociación, también ante el temor de que la entidad cierre su única oficina en la Comunidad en los próximos meses, “y tener que desplazarse para cualquier trámite importante a Soria o Alcalá de Henares”.

Desde la entidad se afirma que “Caja España-Duero mantiene abierta su oficina principal de Zaragoza, prestando sus servicios como hasta ahora”, aunque esto no ha evitado que la PAH ya haya denunciado al menos el caso de una familia de Huesca, también con deudas hipotecarias, que está teniendo que “desplazarse con regularidad” a la capital aragonesa al quedarse sin oficina en la urbe oscense.