¿Suenan las campanas en Gibraltar?
El pasado viernes, aparecía una escueta nota del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español en el que se afirmaba que las negociaciones sobre el estatuto de Gibraltar estaban cerradas en sus grandes líneas.
Como recordaremos, uno de los puntos pendientes tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en enero de 2020 era resolver la situación del Peñón tras la retirada. Con buena lógica, la Comisión Europea, satisfecha con la unidad alcanzada de los 27 frente a Londres, afirmó que no cerraría acuerdo alguno con los británicos sin el consentimiento de España.
Este comunicado de prensa llama la atención por dos aspectos. El primero es que entre los convocados aparece el ministro principal del Peñón, junto a los ministros de Exteriores de España y Reino Unido, y el representante de la Comisión Europea. Presencia impropia pues Gibraltar no es sino un territorio bajo dominio del Reino Unido e incluido en la lista de las Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización. Pese a los intentos de España, nunca Londres ha accedido a retirarse de un territorio que ocupó por razones históricas hoy inadmisibles y otro que fue ocupando ilegalmente en diversos momentos de debilidad interna por parte de España. Por tanto, la presencia de Picardo es improcedente, y supone una burla hacia España.
En segundo lugar, el comunicado de prensa afirma que se han acordado las líneas políticas generales sobre el aeropuerto, los bienes y la movilidad. No dice cuales. Sobre el aeropuerto no hay nada que acordar. Está construido sobre territorio no incluido en el tratado de Utrecht y robado a España. Al entrar nuestro país en la UE y como gesto de buena voluntad se propuso su uso conjunto; medida que se demostró errónea y que ha llevado a pretendidos nuevos derechos por parte del Reino Unido. Así, a día de hoy, un número importante de los vuelos que llegan a Gibraltar, terminan aterrizando en Málaga, u otros aeropuertos andaluces, sorprendentemente con el beneplácito del Gobierno español, sin saber si quienes viajan son turistas o militares, y además facilitándoles el combustible. Sobre los bienes, los únicos que deben entrar en la negociación son los que son objeto de contrabando, en detrimento de la economía de la región y de la Hacienda pública española. Y, sobre la movilidad, los británicos nunca han estado en el espacio de libre circulación de personas (conocido como espacio Schengen) de la UE. Resultaría chocante que se negociara que, una vez fuera de la Unión, disfrutan por la puerta trasera de Gibraltar de un privilegio que al acuerdo general entre Reino Unido y la UE, lógicamente, ha excluido.
Gibraltar no puede subsistir económicamente sin España, algo que debería llevar a ser consecuentes tras el ‘brexit’. En un acto de buena voluntad inaudito, España ofreció a Londres un estatuto de co-soberanía para Gibraltar, transitorio hasta su pleno paso a la jurisdicción española, en cumplimiento del mandato de la ONU. A punto de aceptarlo, el primer ministro de la época, Tony Blair, postergó el acuerdo por la inminente entrada en la guerra de Irak, en 2003.
¿Cuál es el interés del Reino Unido en mantener un territorio en el que no debería estar, que votó masivamente por quedarse en la UE y que le reporta gastos? Es evidente que la única razón no es el progreso compartido, ni el bienestar o la seguridad de población alguna, sino el mantenimiento de su base militar, base también de la OTAN en consecuencia. Gibraltar no es sino una base militar del Reino Unido en territorio español; de hecho, el controvertido aeropuerto es propiedad de la Fuerza Aérea de su majestad británica (RAF). Conocemos casos recientes de soldados ingleses haciéndose pasar por turistas entrando varias veces al día a España desde la base de Gibraltar. Igual que pasan soldados, la libre circulación de mercancías permitiría pasar material militar sin supervisión española alguna. ¿Tiene España que facilitar esta presencia militar indeseada existiendo además a escasa distancia la base de Rota, también al servicio de la OTAN y de utilización conjunta hispano-norteamericana? ¿Debe seguir España aceptando el riesgo que supone la entrada y reparación de submarinos nucleares en exclusivo beneficio de un país que ni siquiera es ya socio de la UE? Naturalmente todo esto no tiene ningún sentido.
Decía Truman Capote que la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. Por eso cabe esperar que reine la sensatez y que esa negociación, sin Gibraltar, que carece de representación internacional alguna, mire claramente por los intereses de la parte que sí es miembro de la UE, España y que así lo exijan los partidos de todo el espectro político en el Parlamento español.
Natividad Fernández Sola es catedrática de Derecho internacional público de la Universidad de Zaragoza
