Entrevistaba HERALDO a Carmelo Pérez, alcalde de Belchite y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, quien reflexionaba sobre la situación del mundo rural.

A la pregunta sobre si consideraba que los proyectos de energías renovables eran una solución para el medio rural, no dudaba en contestar este político del PP que "no es la solución ni mucho menos". Añadía que "antes de hacer muchas cosas se tendría que haber estudiado la forma de la implantación de todas estas energías".

En la pasada legislatura se han programado un número muy importante de instalaciones de aerogeneradores y placas solares, ocupando miles de hectáreas de territorio aragonés. Ha faltado escuchar más a los municipios y a quienes trabajan y viven en esas comarcas que, con frecuencia, lo ven como una desventaja futura.

En el primer trimestre de este año, siete municipios del Matarraña aprobaron impedir la construcción de macrocentrales. No aceptan un despliegue masivo de instalaciones solares y eólicas. Solicitaban al Ministerio para la Transición que no declarase de utilidad pública los proyectos. Por si acaso, paralizaron durante un año todas las licencias de obras en fincas rústicas, con la exención de la actividad agrícola y ganadera. En el Maestrazgo y en otras comarcas también ha saltado la alarma por los efectos que esas operaciones pueden tener en el paisaje y en el turismo de naturaleza.

Por eso el actual Gobierno autonómico exige a la Administración central que en Aragón se pueda usar una parte de la energía renovable que se generará. Se trata de rebelarse contra la exportación masiva de energía verde, que haría que las comunidades receptoras –Cataluña, País Vasco y Valencia, entre otras– se lleven los beneficios mientras en Aragón se concentre el impacto territorial por la ocupación de miles de hectáreas.

Para el gobierno PP-Vox no se puede admitir que Aragón sea una potencia de energía renovable y aquí no pueda aprovecharse porque la red no esté preparada. Como concluía la directora general de Energía de la DGA, Aragón quiere ser solidaria, pero "no tonta".

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