El acuerdo alcanzado por Junts y ERC con el PSOE para apoyar la candidatura de Francina Armengol como presidenta del Congreso, primer paso para la investidura de Pedro Sánchez, incluye la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Pegasus'. Ambas formaciones exigieron indagar «de forma exhaustiva» quién compró este programa espía israelí y quién ordenó utilizarlo contra políticos y activistas catalanes. Sin embargo, estas pretensiones chocarán con la ley reguladora de la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que blinda la difusión de determinada información reservada, y con la falta de resultados de las causas abiertas en la vía judicial.

El pacto con el partido de Carles Puigdemont incluye el compromiso de que «no habrá veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información». Es decir, Junts quiere una comisión que vaya más allá de las explicaciones que en mayo de 2022 dieron en la Cámara baja Sánchez y la directora del CNI Paz Esteban en la comisión de secretos oficiales.

Unas comparecencias que los partidos independentistas consideraron «insuficientes» y que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, utilizó para acusar al presidente de someterles a un «chantaje permanente». El propio Sánchez se desvinculó de las «decisiones operativas» del CNI, afirmó desconocer los motivos del espionaje y solo justificó los hechos diciendo que en Cataluña, dos años después del 'procés' de 2017, cuando ya gobernaba el PSOE, había un «problema de seguridad nacional».

Con mayor profusión, Paz Esteban admitió que el CNI espió con autorización del juez del Tribunal Supremo a 18 dirigentes independentistas, entre ellos al presidente catalán Pere Aragonès, los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba o dos personas del entorno de Puigdemont. Lo justificó en que supuestamente habían contactado con grupos violentos, como los Comités de Defensa de República (CDR), cuyas actividades vigilaba el CNI.

El caso más llamativo fue el de Aragonès, del que no trascendió cuándo se produjo la intervención de su terminal, si antes o después de ser elegido presidente de la Generalitat. Según Citizen Lab, el instituto canadiense que destapó el espionaje masivo con Pegasus, el móvil fue infectado cuando era vicepresidente tras contactar con un intermediario de los CDR, el exdiputado autonómico de la CUP y abogado Benet Salellas, que defendió a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en el juicio del 'procés'.

Materias secretas

En su comparecencia a puerta cerrada, Esteban solo admitió 18 de los 65 espiados que denunció Citizen Lab. No mencionó sus nombres y solo entregó las autorizaciones judiciales individuales para el visionado de los diputados. Aunque todos los portavoces dieron por sentado que se espió con Pegasus, esta no lo reconoció amparándose en la ley reguladora del CNI. Esta norma de 2002 señala que la comisión tendrá acceso a las materias clasificadas como secretas «con excepción de las relativas a las fuentes y medios» usados por el centro (es decir, tanto a sus fuentes humanas como a los medios técnicos) y de las que procedan de servicios secretos extranjeros.

Esta restricción legal no es baladí, ya que la futura comisión de investigación se encontrará con las reservas que marca esta norma -Sánchez prometió su reforma, pero el adelanto electoral metió el proyecto en un cajón-. Por ejemplo, la actual ley impedirá informar quién autorizó la compra del programa, en caso de haberse hecho, y si se llegó a usar.

Otro de los aspectos que quedarían descafeinados se refiere a las responsabilidades políticas. Cinco días después de su intervención en el Congreso, el Gobierno cesó a Paz Esteban. Lo justificó por la «enorme brecha de seguridad» abierta por la intervención de los móviles de Sánchez y varios ministros con el programa Pegasus. Un escándalo conocido en plena tensión con Marruecos por la crisis migratoria de Melilla y el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Sin embargo, la «sustitución» de Esteban fue vista también como una concesión a ERC por el seguimiento a dirigentes catalanes. Sea como fuere, en el caso del espionaje al Gobierno un juzgado de la Audiencia Nacional archivó en julio la causa por la falta de colaboración de Israel y la imposibilidad de señalar al autor o autores de estos hechos, pese a las sospechas marroquíes. En Barcelona, otro juzgado instruye, no sin obstáculos y pocos avances, una querella por el seguimiento del CNI a políticos catalanes. Por lo tanto, los interrogantes del 'caso Pegasus' serán difíciles de responder en una comisión parlamentaria.