Desde el 24 de enero los 4.300 secretarios judiciales de toda España están de huelga indefinida. Este paro de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) "está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas". Así lo aseguran desde el Consejo General de la Abogacía que reconoce el derecho a la huelga de este personal.

La suspensión de juicios y aplazamiento de trámites y señalamientos están creando un retraso tal que para recuperarlo será necesario un mínimo de cuatro meses de trabajo para recuperarlas, según las asociaciones convocantes: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados. 

Pero, para conocer en profundidad las razones que han llevado a este colectivo a la huelga, primero es necesario saber cuál es su función en la maquinaria judicial, algo que muchos ciudadanos desconocen. 

Este es el trabajo de un secretario judicial

Un letrado de la Administración de Justicia o secretario judicial es la figura que reparte y distribuye el trabajo de la Oficina Judicial. Asume la responsabilidad de los servicios administrativos de la oficina y se encarga de la puesta en marcha de los procedimientos: admiten a trámite las demandas y, además, son los encargados de preparar las actuaciones y desarrollar el procedimiento judicial hasta que se dicta sentencia y, también, de los trámites para su ejecución. 

Además, entre sus funciones se encuentra la de fe pública judicial, es decir, que dejan constancia de la realización de actos procesales ante los tribunales, así como la colaboración con otros órganos y administraciones, como la Administración Tributaria.

Cuáles son sus principales reivindicaciones

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia es un pulso que este colectivo mantiene con el Ministerio para cumpla los pactos que firmó en abril de 2022, y que según las asociaciones convocantes, todavía no ha cumplido.

Entre las peticiones, los secretarios judiciales solicitan que se adecúen sus salarios a su condición de grupo A1 -salario inicial de 18.437euros a 20.878 en 12 pagas sin complementos, hasta los 58.979 euros anuales de sueldo medio- y a las 300 funciones que asumieron con la reforma de la ley de 2009. Fuentes del Ministerio, sin embargo, aseguran que se les paga por las nuevas funciones y que su sueldo ya ha subido casi un 15%.

La segunda petición, es más reciente, pero muy relevante. Demandan un marco de negociación colectiva propio donde las asociaciones profesionales puedan ejercer un papel más protagonista que el que les confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para poder abordar de forma directa temas como los permisos o su carrera profesional.

Otra de las reclamaciones de los secretarios judiciales es que se incluyan las particularidades de este colectivo en el Régimen de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia ya que son ellos quienes acuden a los registros relacionados con los delincuentes junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.