El PP quiere acallar el incómodo latido del aborto

"Y con esto y un bizcocho, esta noche me emborracho". 11 de abril de 1985, día de frenesí en aquel Congreso imberbe. Un exultante José María Ruiz-Gallardón celebra así ante las cámaras, con una vehemencia sin filtro que hoy arrasaría en Twitter, la sentencia del TC que declara inconstitucional, para endurecer sus condiciones, la primera ley del aborto de la democracia española. El PP celebra que la corte de garantía identifique al 'nasciturus' como un bien superior a proteger, aunque el Gobierno de Felipe González acabe sacando adelante la norma que deja de penalizar a las mujeres por interrumpir sus embarazos en tres supuestos: terapéutico (riesgo para la salud de la gestante), criminológico (por violación) y eugenésico (por malformaciones en el feto).

Casi 30 años después Alberto Ruiz-Gallardón, hijo del histórico diputado del PP y ministro de Justicia de Mariano Rajoy, renuncia al cargo y a todas sus aspiraciones políticas al ver naufagar su reforma de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero que establece la libertad para abortar en las primeras 14 semanas de gestación. La 'ley Aído' aún vigente, el galleguismo a veces despiadado de Rajoy, las encuestas en contra, la revuelta interna y su propia ambición terminan arruinando la carrera de Gallardón, que no logra doblegar la evolución de los tiempos -su pretensión no pasaba solo por regresar a los supuestos de 1985, sino eliminar el de la malformación fetal- como tampoco pudo hacerlo su padre tres décadas antes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría contribuye a meter en el cajón la contestada reforma que Rajoy le había encomendado a su ministro de Justicia. La misma Sáenz de Santamaría que en 2010 había amparado el recurso de inconstitucionalidad contra la norma de Zapatero -que el TC aún no ha resuelto- en el que el PP llega a equiparar la ley de plazos con las practicas eugenésicas de los nazis.

Esta historia circular describe hasta qué punto el aborto es un asunto de familia, y de familias, en el PP. Un dilema moral y político siempre difícil de manejar para las sucesivas direcciones de los populares, tironeados entre los sectores menos tolerantes con el derecho paulatinamente reconocido a las mujeres para interrumpir sus embarazos y la realidad sociológica de un país en el que no prosperan, de media, 90.000 nacimientos al año. El anuncio de un protocolo antiabortista fantasma por el vicepresidente de Castilla y León, el dirigente de Vox Juan García-Gallardo, no solo ha reavivado las tensiones en el espectro político e ideológico que va del centro a la extrema derecha. Ha vuelto a hurgar en la nada pacífica relación que mantienen los populares con la normalización del aborto. La izquierda lo sabe. Y lo ha explotado, esta vez, de la mano de Vox.

"Ese el marco de Sánchez, una operación mediática a la que no vamos a contribuir", se zafan en Génova ante lo que interpretan como una sobreactuación falaz del Gobierno una vez que el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, descartó que fuera a obligarse a las embarazadas a escuchar el latido fetal para disuadirlas de abortar. Pero la bronca de los últimos diez días ha llevado a Feijóo, distante cuando presidía Galicia del 'gallardonismo' exhibido por Pablo Casado, a explicitar que el PP asume la ley de plazos recurrida por el partido hace 13 años; constatan los suyos que Rajoy disponía de la mayoría absoluta precisa para haber revocado la 'ley Aído' y no lo hizo. Los populares no tienen intención de impugnar ante el TC la nueva norma, promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, pero sí derogarán si alcanzan la Moncloa la libertad de las adolescentes de 16 y 17 años para abortar sin consentimiento de sus padres. Génova subraya que el partido es plural y que acotar el libre albedrío de las menores es lo que concita un amplio consenso interno. Aunque no el de Isabel Díaz Ayuso, contraria a obligar a las mujeres a hacer lo que no quieren "si lo tienen claro".