El Ayuntamiento de Barcelona se presentará como acusación particular en el caso del hombre herido por una pelota de goma durante la intervención policial para impedir el referéndum del 1-O, que sigue ingresado y podría perder la vista, aunque ha recuperado el globo ocular.

La abogada del Centro de defensa por los Derechos Humanos Iridia, Anahís Franquesa, que ofrece atención psicológica y asesoramiento a las familias y heridos del 1-O a partir de un convenio ampliado con el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que este martes atendieron a nueve heridos durante la jornada electoral. Franquesa ha señalado que desde el lunes una quincena de personas afectadas por la actuación policial han solicitado su ayuda, tanto presencialmente como por correo electrónico o vía telefónica.

El centro Iriada ha ampliado el convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento de Barcelona y ha creado un servicio específico para "poder ofrecer atención psicológica y asesoramiento legal a todas las personas afectadas por las cargas policiales que tuvieron lugar el 1 de octubre", según Franquesa.

La portavoz y abogada ha solicitado que los ciudadanos les hagan llegar "todo el material que pueda ser aportado como prueba en futuros casos judiciales, como son las grabaciones".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han reiterado que el Consistorio se presentará como acusación particular en los casos más graves de heridos en las cargas policiales del 1-O y que los trámites "están transcurriendo por el cauce habitual".

Franquesa ha afirmado que "a pesar de que el Parlament prohibiese el uso de pelotas de goma en 2014", esta medida "solo afecta a la policía autonómica, y no a otras fuerzas del orden como la Policía Nacional, a pesar de que actúen en Cataluña".

Asimismo, la abogada ha pedido una "reflexión" a la Fiscalía "como representantes del interés general" por el escrito presentado ante el juez, en el que considera que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana" y en el que recrimina al Gobierno catalán que convocara "de forma irresponsable" a los ciudadanos en concentraciones "tumultuarias" ante los locales de votación.

La abogada ha afirmado que los casos en los que "se ejerce violencia institucional" son "muy complicados", y "solo se denuncian el 10%", se ha lamentado, porque la ciudadanía "tiene la sensación de que denunciar no servirá para nada y que incluso puede perjudicarle".