El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho este miércoles en su primera rueda de prensa tras ser acusado por la Guardia Civil de haber recurrido a la trama Púnica cuando era consejero de Educación para limpiar su reputación, que "nunca se contrató, pactó, firmó, acordó ni pagó nada".

"No se ha infringido ninguna ley", ha dicho, para añadir que, si llega a saber antes "qué había detrás" de las empresas de la trama corrupta, no se hubiera sentado con ninguno de sus integrantes.

Ha explicado que en esa época "había muchas empresas que ofrecían el mismo tipo de trabajo", generar noticias positivas en internet para que predominaran sobre las negativas en las búsquedas, "y con ninguna firmó nada" el Gobierno de Murcia ni él. "Nunca habría permitido un contrato del tipo" que figura en el informe, que sugiere pagar con fondos públicos cargados en concepto de formación.

Ha desmentido que diera el visto bueno a la oferta que para ello le hizo la empresa Madiva, de Alejandro de Pedro, luego imputado, como afirmó ante el juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el colaborador de ese empresario Francisco Javier Bueno.

"Ni mucho menos", ha añadido, se formalizó nada a lo largo del año durante el que la empresa "insistió" en trabajar con él para mejorar su imagen, de forma que se compensaran con buenas referencias las que había sobre su posible imputación judicial por la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era el alcalde de esta localidad murciana, en la que no ha sido terminado tras recibir una subvención autonómica de seis millones de euros.

Las cifras del informe de la Guardia Civil son propuestas de la empresa de De Pedro "que no se aceptan ni se aprueban", ha asegurado, tras lo que ha dicho "entended que este tema es algo suculento para algunos, pero todo se va a aclarar porque no se ha hecho nada y la verdad al final se abrirá camino".

Ha anunciado que encargará que se rastree en todos los organismos autonómicos si alguno de ellos ha tenido relación con empresas de la trama, como ocurrió en los institutos regionales de Fomento y de Turismo de la entonces Consejería de Industria.

El titular de esta conserjería en esa época, Juan Carlos Ruiz, y los cargos que él nombró para esos departamentos, dimitieron al conocerse sus presuntos vínculos con la Púnica bajo la presidencia autonómica de Alberto Garre.

Preguntado por la acción de mediadora entre la trama y la consejería de Educación que atribuye la Guardia Civil a la exalcaldesa de Cartagena, exdiputada nacional y exsenadora y candidata de nuevo a la Cámara Alta en las próximas elecciones generales, Sánchez se ha mostrado sorprendido y ha afirmado que ella no le habló "ni una sola palabra" del asunto.

Desde la oposición, el PSOE lo ha atacado tras su comparecencia al recriminarle que la petición de una jueza de Lorca para que se investigue un presunto delito de prevaricación por otras obras públicas de 2006 cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras "confirma que su situación es insostenible".

Según el diputado autonómico de ese partido Emilio Ivars, "un presidente de una comunidad autónoma no puede estar bajo sospecha" en tres casos, tras sumarse el martes el que apunta a que se fraccionó el pago de un proyecto de acondicionamiento de la rambla de Nogalte para evitar el concurso público a su involucramiento en los sumarios del auditorio de Puerto Lumbreras y de la trama Púnica.

Sobre el que pudiera tener en esta última, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha dicho que "los delitos también se cometen en grado de tentativa", y las conversaciones del informe de la Guardia Civil demuestran que hubo negociaciones entre las empresas de la Púnica y Sánchez cuando este era consejero.

No se plasmaron en un acuerdo "porque saltó el escándalo tres días después" de haberse cerrado supuestamente el trato entre Sánchez y De Pedro, cuando se produjeron las primeras detenciones.

El líder de Podemos, Óscar Urralburu, ha señalado que Sánchez "ha mentido" y lo han pillado "con las manos en la masa", porque tuvo intención de pagar con dinero público la mejora de su reputación en internet.

Además, "cada día tiene que rectificar sus palabras y da una tras otra versiones contradictorias, dando pasos atrás en sus propias declaraciones, negando primero lo que luego se vuelve evidente a los ojos de todos", ha afirmado el líder del partido morado en Murcia.

Desde la formación en la que Pedro Antonio Sánchez ocupa la secretaría general regional con atribuciones de presidente, el cabeza de lista del PP por Murcia al Congreso en las próximas elecciones, Teodoro García, les ha respondido a todos que "hay partidos que han decidido no pegar carteles y hacer campaña a costa de los tribunales de justicia".

"No hay caso", ha sentenciado, para opinar a renglón seguido que el delito de fraude en la contratación pública que podría atribuírsele al presidente de Murcia es "una más de las quince acusaciones que se han vertido contra él", en referencia a otros asuntos judiciales que le afectaban y han sido archivados.