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Economía

El Tribunal de Cuentas ve significativos incumplimientos en la contratación pública

"Como tradicionalmente lo han estado los informes de contratación desde el origen de los tiempos".

Efe. Madrid Actualizada 28/04/2015 a las 18:16
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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ve "significativos incumplimientos" en la ejecución de los contratos del sector público realizados en 2012, así como excesos en la facturación realizada y falta de justificantes de pago.

En una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha presentado el informe de fiscalización de la contratación del sector público estatal en 2012 que, según sus palabras, está lleno de incumplimientos "como tradicionalmente lo han estado los informes de contratación desde el origen de los tiempos".

Ve deficiencias "que no son acordes con los principios de eficiencia, economía y transparencia" En su intervención, el presidente del Tribunal ha comentado que determinados gestores públicos consideran que la legislación de contratos está hecha para no aplicarse. "Esto lo he oído a más de un gestor público que no tiene vergüenza en decirlo, y debería de tenerla", ha precisado.

A juicio de Álvarez de Miranda hay "un desfase" y ha explicado que la actualización de los procedimientos de contratación no está ajustada a las novedades legales. El presidente del Tribunal ha apreciado deficiencias "que no son acordes con los principios de eficiencia, economía y transparencia" y aquí ha citado falta de precisión en los criterios de adjudicación de los contratos. También ha dicho que, en algunos casos, las cuantías de las transferencias bancarias son superiores a los importes realmente facturados.

Según el presidente de esta institución, en 2012 se remitieron al Tribunal de Cuentas 1.383 expedientes de contratación, cuyo importe ascendía a 2.740 millones de euros, de los cuáles se han fiscalizado 377, es decir, el 27,3%, con un importe de 1.733 millones.

En sus recomendaciones, el Tribunal ha pedido que se adopten las medidas necesarias para que la contratación se realice en los términos y plazos señalados en la normativa regulatoria y ha demandado mayor seguimiento de los mismos con la imposición de penalidades en caso de incumplimiento.

En el turno de intervenciones, el diputado socialista Jaime Javier Barrero ha valorado que se someta a fiscalización el sector público y donde no debería haber ninguna irregularidad penal, ha dicho, "hay decenas".

Barrero ha precisado que hay deficiencia de justificación en la ejecución de contratos en Navantia, en el Banco de España, en la Fábrica Nacional o en Renfe y ha asegurado que hay contratos de seguros que se usan de "manera torticera" para abonar indemnizaciones por despido, que más tarde se reconocen como improcedentes. En definitiva, el diputado socialista ha avanzado que, según el Ministerio Fiscal, se podría estar en presencia de "prevaricación administrativa".

 







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