La aplicación de las medidas puestas en marcha por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha supuesto un ahorro acumulado para el Estado de 18.000 millones de euros y se ha traducido en la supresión de 2.029 organismos o empresas públicas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ofrecido estos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha estudiado el informe de la CORA relativo a 2014 y los anteproyectos de ley del régimen jurídico del sector público y la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Dos leyes que, según Sáenz de Santamaría, son "la consolidación y cristalización" del proceso de reforma de las administraciones que impulsó el Ejecutivo en 2012.

La vicepresidenta ha añadido que el 85 % de las medidas previstas en ese proceso están totalmente implantadas o en un grado muy elevado de desarrollo. Además, según los cálculos del Ejecutivo, la supresión de trabas administrativas ha permitido un ahorro a empresas y particulares de 1.700 millones de euros.  

De los 18.187 millones de euros ahorrados desde el comienzo de la legislatura, 4.773 corresponden a la administración general del Estado, 10.510 a las comunidades autónomas y 2.409 a las entidades locales.

Se trata, según la vicepresidenta, de un "esfuerzo muy parejo" al reparto del gasto público entre las distintas administraciones.

Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que las comunidades autónomas han suprimido 675 entidades públicas, por encima de su compromiso inicial (508) y cerca del compromiso renovado, que es de 790 empresas y organismos.

Cuando se alcance ese objetivo, las autonomías habrán reducido un 33,35 % su sector público empresarial y habrán conseguido con ello un ahorro de 1.853 millones de euros. Ha destacado la vicepresidenta que, además, la mayor parte de las autonomías ha decidido integrar sus oficinas en el exterior en las del Gobierno y, si no suprimir, al menos reducir los costes de sus organismos duplicados.

Las entidades locales han reducido su sector público a niveles del año 2000 y el Estado ha suprimido 50 entidades y ha actuado sobre 163. A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha comparado ese ahorro con la deuda de 16.000 millones que, según sus datos, dejó el anterior gobierno en materia sanitaria.