Alberto Ruiz-Gallardón, hasta hoy ministro de Justicia, ha renunciado a su cargo por mantenerse firme en sus convicciones respecto de la reforma de la ley del aborto, retirada por el Gobierno, y ha anunciado que dejará su escaño en el Congreso y abandonará la política.

Esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anticipado con la retirada del anteproyecto lo que ya era un secreto a voces: el futuro de Gallardón estaba ligado a la propuesta más controvertida de su departamento, de la que ha defendido a capa y espada cada punto y coma del texto hasta quedarse prácticamente solo, un adjetivo que bien podría definir su paso por Justicia.

Incluso desde su propio partido hay quienes afirman que desde el primer día, el ya exministro no ha encontrado más que obstáculos para sacar adelante sus principales proyectos, tanto dentro como fuera de su formación.

Gallardón, que consideraba la vida como un derecho inalienable, veía necesaria una reforma porque la actual regulación, según él, era incompatible con ello. Al final lo que ha resultado incompatible con la visión de su partido y del Gobierno ha sido el propio ministro.

Llegó al Palacio de Parcent con la promesa de diseñar la Justicia de la España del siglo XXI y se marcha -casi tres años después- con un buen puñado de reformas anunciadas pero con ninguna de las principales aprobadas: La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido contestada por toda la judicatura, no hay ni rastro del Código Procesal Penal ni de la ley de Planta Judicial y el Código Penal está en un cajón del Congreso. La retirada de la reforma del aborto ya es pasado.

Un proyecto que Gallardón marcó en rojo nada más llegar a la Moncloa, cuando el 25 de enero de 2012 anunció la reforma del texto para exigir el consentimiento paterno a la hora de abortar a las menores, precisamente el único retazo que sobrevivirá a la quema, tal y como ha explicado hoy Rajoy.

Probablemente se trate del momento político más amargo en la trayectoria de Ruiz-Gallardón, cuyo mandato al frente del Ministerio de Justicia no ha estado exento de polémica, como así coinciden en señalar una buena parte de los jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y demás operadores jurídicos: "no ha puesto de acuerdo a nadie y ha puesto en contra a todos".

De hecho, el ministro se tuvo que acostumbrar a enfrentarse con la oposición parlamentaria en bloque, no solo por el contenido sino por la tramitación acelerada y los procedimientos empleados, lo que finalmente acarreó consecuencias y cambios a los tres principales textos aprobados.

Ese fue el caso de la Ley de Tasas Judiciales, cuando la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso a Gallardón que se eliminaran algunas tasas y se modificaran otras, algo a lo que el ministro accedió poco después.

O la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que exigió la aprobación previa de un proyecto de ley que suspendiera la renovación del órgano de gobierno de los jueces, para así dejar vía libre al sistema de elección de vocales proyectado por Gallardón.

Completa el podio la reforma de la justicia universal, que logró la unanimidad en contra de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, reacios a archivar las causas que instruían tal y como ordenaba la ley aprobada.

Por cierto, esta norma junto a la ley de tasas judiciales ya han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.

Gallardón, que dijo que el cargo que ostentaba hasta hoy sería el último de su vida política, comienza ahora una nueva etapa tras haber sido concejal y alcalde el Ayuntamiento de Madrid, diputado y presidente de la Comunidad de Madrid, diputado y senador en las Cortes y por último ministro de Justicia.