El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado este lunes que tiene la "conciencia tranquila" porque cree que ha actuado "correctamente" en relación con el cobro de dietas en Caja Navarra, aunque entiende que los ciudadanos puedan considerar que su comportamiento no fue "adecuado".

Así lo ha manifestado a los periodistas tras prestar declaración con "toda normalidad y tranquilidad" y responder durante alrededor de hora y media a todo lo que le ha requerido la juez y los abogados de las partes representadas en esta causa, en la que se investiga un posible caso de cohecho por el cobro de las dietas.

Su declaración, según los denunciantes, ha aportado "pocos detalles o más bien ninguno" sobre la constitución y la dinámica de la comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra de la que formaba parte junto con el ex presidente, Miguel Sanz, y el ex consejero Álvaro Miranda, ambos imputados, y la actual presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina.

La presidenta del Ejecutivo y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) es la única de los cuatro componentes que no ha sido imputada y cuya condición de aforada haría que el caso pasara al Tribunal Supremo si la juez finalmente así lo decide.

Barcina, quien este lunes se encontraba en Nájera (La Rioja), ha expresado su "total confianza en la justicia" para que la investigación judicial se "resuelva pronto y se pueda salir de esta situación".

Enrique Maya, el único de los imputados que ocupa un cargo público, ha sostenido que dimitirá "si de la investigación judicial se acaba deduciendo una actuación política o legalmente incorrecta".

El alcalde, que ha devuelto las dietas que cobró como miembro de la citada comisión, ha apuntado que b, porque cree que ha actuado "correctamente", pero ha dicho comprender "la reacción de los ciudadanos que un momento dado puedan entender que el comportamiento no ha sido el adecuado".

Una reacción que ha sido visible en los exteriores del Palacio de Justicia, donde un grupo de personas convocadas por Kontuz! le han llamado "ladrón" y "chorizo", mientras que representantes de la comisión de personal del Ayuntamiento le han recriminado por su actuación y le han pedido que dimita, tanto a su llegada como a la salida de los juzgados, que ha realizado por la puerta principal.

En declaraciones a los periodistas, Javier Ayestaran, presidente de Kontuz!, asociación personada en el caso como denunciante, ha sostenido que la jueza decidirá si la actuación del alcalde es legal o ilegal, pero en cualquier caso "no es ética", ya que el primer edil ha reconocido que "cobró por no realizar ninguna actividad".

En este sentido ha remarcado que "Enrique Maya en su día dijo que todo lo que cobraba era por realizar actividades y hoy ha reconocido que, al menos en dos ocasiones, se llevó 3.400 euros por no realizar ninguna actividad, lo cual es difícilmente explicable".

Ayestaran, quien ha indicado que el alcalde ha estado "cordial" y "no especialmente nervioso" durante su declaración, ha considerado "preocupantes" los "problemas de memoria" de algunos dirigentes, en alusión tanto a Sanz, quien declaró el viernes, como a Maya, ya que ambos han dicho no recordar cuestiones que les han sido planteadas.

Por su parte, el abogado de UPyD, Diego Paños, también presente en la declaración, ha señalado no ve "una causa de imputación muy clara" contra el alcalde.

Respecto a su declaración ha comentado que ha aportado "pocos detalles o más bien ninguno" por el hecho de que solo participó en dos reuniones de la comisión Permanente de la Junta de Entidades Financieras.

En este sentido ha manifestado que no ha aclarado cuál era el objeto real de las reuniones, ni quién las convocaba, ni quién decidió que se celebraran varias reuniones consecutivas el mismo día.

En cuanto a si el resto de miembros de la Junta de Entidades Fundadoras conocían la existencia de la Permanente ha dejado entrever "de manera poco clara" que los concejales del Ayuntamiento de Pamplona sí habían sido informados.