El ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela negó este viernes que el Gobierno venezolano haya otorgado pasaportes diplomáticos a dos personas presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La Cancillería venezolana informó, a través de un comunicado oficial, que "no ha emitido documentación diplomática" a nombre de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez como, dice, afirman varios medios.

En los últimos días, la prensa ha divulgado informaciones que señalan que el Gobierno venezolano emitió documentos diplomáticos a nombre de Hernández y Gil, supuestos responsables de "transferencias millonarias" por medio de la valija diplomática y depositadas en el BPA.

"Una revisión de los archivos de la Dirección de Inmunidades y Privilegios, encargada de la emisión de este tipo de documentos,

permite verificar la inexistencia del trámite", señala el texto.

"De hecho, el día 30 de diciembre de 2004 no se tramitaron pasaportes diplomáticos", añade la nota.

Según la Cancillería esta afirmación, que medios atribuyen a un informe del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, "evidencia mala fe en la difusión de información o un profundo desconocimiento del funcionamiento de la valija".

"La valija diplomática no es manejada por individuos particulares, sino que constituye un mecanismo de las misiones diplomáticas", dice al tiempo que destaca que "Venezuela no cuenta con Embajada en Andorra, por lo que no es posible enviar valijas diplomáticas a ese país".

La diplomacia venezolana afirma que esto responde a una "intensa campaña desinformativa que las corporaciones mediáticas" adelantan contra Venezuela y "exhorta al cese de la difusión de mensajes falsos que van en desmedro de la ética y de la dignidad periodística".

La BPA está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.

En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después, liberado.