Las dimisiones del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, y el primer ministro, Jaled Bahah, empujan un poco más al Yemen hacia un precipicio político que podría suponer la reconfiguración de todo el país.

Mansur Hadi puso su cargo en manos del presidente del Parlamento, Yahia al Raie, que se reunirá el sábado con los diputados para aceptar o rechazar la dimisión del todavía jefe de estado.

En el caso de que la Asamblea Legislativa acceda, será el propio Al Raie quien asuma temporalmente la Presidencia.

Acorralado por el conflicto con el movimiento rebelde chií de los hutíes, Mansur Hadi justificó su decisión en que el Yemen se encuentra "en un callejón sin salida".

Además, acusó a las distintas fuerzas políticas de "falta de responsabilidad" en la carta que envió al Parlamento para comunicarle su renuncia, según informó a Efe el secretario de Presidencia, Yahia al Arasi.

El mandatario afirmó sentirse "humillado" y haber pasado "grandes sufrimientos" durante su legislatura.

En su carta, advirtió de que lo ocurrido el pasado septiembre, cuando los combatientes hutíes ocuparon varios puntos de la capital, Saná, "afectó al cauce normal" de la transición política en el Yemen.

Tras casi tres años en el poder, al que llegó después de la renuncia de su antecesor Ali Abdalá Saleh en febrero de 2012 tras las protestas de 2011, Mansur Hadi pidió perdón a todos los yemeníes y reconoció "no ser capaz de lograr los objetivos" que se propuso.

Según el consejero presidencial, Sultán al Atuani, Mansur Hadi dimitió tras sentirse "presionado" por los hutíes que le amenazaron con tomar "acciones contra su persona" si no elegía hoy a un vicepresidente.

Además, acusó a los rebeldes de no respetar el acuerdo firmado ayer miércoles entre la Presidencia y su movimiento.

Sin embargo, un miembro de la ejecutiva de Ansar Alá, Fadl al Mutaa, negó en declaraciones esas presiones y explicó que el presidente debía emitir una serie de decretos para la aplicación de los acuerdos recogidos en las conclusiones del diálogo nacional del pasado enero.

Por otra parte, en un comunicado enviado a Mansur Hadi, Bahah explicó que ha abandonado su puesto por verse incapaz de reconducir "el laberinto político" en el que se ha perdido el Yemen y "en el que no rige ninguna ley ni reglamento".

Según un comunicado difundido por el portavoz del Ejecutivo, Rayeh Badi, la dimisión de Bahah arrastra consigo a todo su gabinete, lo que dejaría al Yemen sin poder ejecutivo ni jefatura de Estado.

"La renuncia del Gobierno es irreversible", recalcó Bahah en la carta, donde también señaló que su Ejecutivo trató de servir a los intereses del pueblo y el país con la mayor "eficiencia, responsabilidad y conciencia", pero se dio cuenta de que "en esta situación es inviable".

Bahah aseguró además que con su dimisión quiere dejar claro que él y sus ministros no desean "ser parte de lo que está ocurriendo ni de lo que sucederá más adelante" en el Yemen.

Como reacción a las dimisiones, las autoridades de la provincia sureña de Adén ordenaron al Ejército de las cuatro regiones meridionales que no obedezcan ni respondan a las órdenes que les lleguen desde Saná, según informó el Comité de Seguridad de esa zona en un comunicado.

Ante esta situación límite, Al Mutaa aseguró no descartar que el movimiento hutí "recurra a la legitimidad revolucionaria" con la formación de "un consejo revolucionario para sacar al país de la crisis actual".

Estas renuncias cogieron por sorpresa a una población yemení que hoy esperaba ver resuelta una profunda crisis que dura ya varios días, después de que la Presidencia del país firmara un acuerdo con los hutíes.

Según ese pacto, los rebeldes chiíes debían haber abandonado sus posiciones entorno a las instalaciones estratégicas que controlan tras unos choques registrados el domingo con la guardia presidencial.

Entre esas zonas se encuentra la residencia de Mansur Hadi y el palacio presidencial de Saná, que los hutíes continúan ocupando.

Por su parte, las autoridades accedieron a modificar ciertos aspectos de la Constitución y a otorgar a los rebeldes un 50% de participación en los puestos de liderazgo del Estado.