El Gobierno busca un nuevo sistema para costear las carreteras sin imponer peajes
La ministra de Transportes trata de zanjar la polémica y, aunque reconoce que sí se planteó esa opción a Bruselas, concluye que es "inviable" por la "falta de consenso".
Hace apenas una semana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, salía a "desmentir categóricamente" al propio director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, para negar que el Gobierno se hubiera planteado imponer peajes en la red de autopistas para 2024. "El tema ha quedado zanjado, no hay tema", afirmó entonces.
Pero este miércoles se desdecía al reconocer que sí estaban "renegociando" con la Comisión Europea esta propuesta recogida en el último Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. En dicho texto se plantea ante las autoridades comunitarias que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades"
"Es verdad que en un primer momento barajábamos esa opción -admite Sánchez ahora-, pero vimos que es inviable porque no se da el consenso político ni las condiciones". Sin embargo, como pese a las negativas públicas del presidente del Gobierno y otros miembros de si Gabinete, el compromiso con Bruselas existe, algún modelo de financiación hay que presentar para que se asegure la viabilidad económica del sistema.
"Hay tiempo para hacerlo"
En este sentido, la titular de Transportes explicó que el Gobierno planteará un sistema a la Comisión "de acuerdo a nuestro compromiso", aunque indicó que "aún no está definido" y todavía "hay tiempo para hacerlo". A su juicio, el actual modelo por el que se carga a los Presupuestos Generales del Estado el mantenimiento de las autovías "no tiene sentido" y es diferente al que se aplica en muchos otros países de Europa.
Además, criticó que en este asunto ha habido "mucho oportunismo político". En su descargo apuntó que el Gobierno ha liberado 1.000 kilómetros de autopistas, lo que ha supuesto un ahorro de 1.400 millones de euros a los conductores al cargar su coste a las arcas públicas.
El objetivo es estrechar el agujero que supone mantener los 26.466 kilómetros de carreteras con cargo a los Presupuestos, de los que unos 12.000 son de alta capacidad a razón de más de 20.000 millones de euros al año.
