La terrible sequía que está azotando a Aragón y toda España ha vuelto a poner de manifiesto la incertidumbre que supone para los trabajadores agrarios el generar algo tan básico como los alimentos. Más allá de lo que puedan garantizar los seguros y las ayudas específicas que se tomen ante una situación excepcional, los distintos sindicatos ya han anunciado pérdidas en sus cultivos que van del 20 al 50% por la falta de lluvia, cuando no en algunas zonas la producción no sea más que simbólica.

Ante problemas como este vuelve a saltar a la palestra del mundo agrario la PAC, la política común europea que más dinero requiere de Bruselas (entre 50.000 y 60.000 millones de euros, de los que unos 500 van a parar a Aragón) y que nació por la necesidad de asegurar una renta a los agricultores por generar alimentos bajo las normas de salud de la UE, en un mundo donde los precios de los alimentos tendían a la baja.

En 2015 entró en vigor la última reforma de la PAC, que ahora, con los primeros ejercicios como balance, empieza a mostrar sus carencias, según los sindicatos agrarios. Se habló mucho en su momento si la reforma no pasó de ser superficial -se pedía que se premiara más al agricultor profesional frente al que ostenta derechos históricos y produce menos- y lo cierto es que dos años después de su aplicación ya se puede ver que ha traído algunos lastres en la adquisición de ayudas y que no se ha solucionado la disparidad de sus importes.

Según un reciente informe publicado por el Fega, cada agricultor aragonés que recibió la PAC en la última campaña -unas 43.000 personas en total- recibió de media por sus Derechos de Pago Básico 5.874 euros, la segunda cantidad más importante del país solo por debajo de Castilla y León, donde reciben 6.531. Sin embargo, a pesar de tener una de las medias más abultadas, Aragón recibe solo el 9% de todo el importe que se gasta por población.

A esta suma de 5.800 euros cada agricultor puede añadir además otros factores condicionales, como cumplir una serie de medidas medioambientales (conocidas como 'greening' y que suponen un 30% más) y otras por ayudas específicas o en el caso de que sean nuevos profesionales. En total, a pesar de estos complementos, los sindicatos agrarios denuncian que su condicionalidad ha hecho que de media las ayudas percibidas hayan descendido.

Y es que hasta la última reforma lo que ahora se llama Pago Básico y cuenta con estos añadidos se contabilizaba prácticamente en un único montante denominado Pago Único, y que en Aragón contaba en su último ejercicio con 8.596 euros de media por ayuda.

“Aunque todos los agricultores han hecho por cumplir con el greening y otros condicionantes a los que podían añadirse, las revisiones, en algunos casos sanciones, y sobre todo la precariedad meteorológica ha hecho que salgamos perdiendo con el nuevo sistema”, señala Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca.

Esta opinión la tiene también Teo Largo, técnico experto en PAC de la Uaga. “Las ayudas han tendido a la baja en los últimos años y las nuevas condicionalidades pueden hacer que llegue menos dinero”, señala.

De apenas 1.000 euros a sumas millonarias

A esto se suma las diferencias que se dan entre distintos perceptores, y que desvirtúan en gran medida esa media. En Aragón hay unos 13.000 beneficiarios considerados técnicamente 'pequeños agricultores'. Como su nombre indica, poseen explotaciones pequeñas que no reciben más de 1.250 euros al año en ayudas y que a cambio tampoco tienen que cumplir con obligaciones como el 'greening'.

Pero el abanico en pagos es aún mayor. Según los datos que obliga a publicar la Unión Europea desde 2015, en Aragón la menor ayuda de la PAC apenas asciende a los 100 euros, mientras que la mayor es la que recibe la DGA, que obtiene 14 millones tanto por tierras que tiene en propiedad como por los programas de Desarrollo Rural. Sin embargo, fuera de la Administración, también hay perceptores con sumas importantes. En total, cerca de 90 explotaciones reciben más de 150.000 euros.

El 'greening', cada vez más restrictivo

Y en este ambiente de pérdida de ayudas y de renta, los agricultores conocieron a comienzos de septiembre una nueva condicionalidad que tendrán que cumplir el año que viene. La prácticas respetuosas con el medio ambiente, el greening, que hasta ahora se basaba en la conservación de pasto y la rotación de cultivos con algunos fijadores de nitrógeno, prohibirán además a partir de 2018 el uso de fitosanitarios en estas parcelas reservadas para este fin.

“Puede ser un problema para muchos agricultores a la hora de planear sus cultivos, y más en situaciones de sequía continuada como las actuales”, advierte Largo, quien cree que esto puede afectar a que muchos perceptores reciban esa parte de los fondos restringida por el greening.

Desde Asaja también se hace hincapié en estos cambios, y se empieza a hablar de “medidas de excepcionalidad”. “Hasta ahora solo se puede cumplir con el greening plantando y produciendo. Pero si yo dedico parte de mis hectáreas a guisantes -un cultivo que está creciendo mucho en Aragón precisamente por este tema- y no llueve, no me van a salir”, sostiene Luna, quien cree que en casos como estos debería completarse la idea de justificar la compra semillas y dedicación de ciertos terrenos aunque luego no consigan ser productivos.

La DGA avanza con su propia propuesta de reforma

En este marco, la DGA sigue hacia delante con su propia idea para reformar la PAC, una propuesta que el consejero de Desarrollo Rural y su equipo lanzó casi desde el principio de la legislatura. La idea, según ha manifestado Olona en varias ocasiones, es que los cambios sean promovidos desde Aragón y España antes de encontrarse con la reforma ya elaborada, como ha pasado siempre.

Los sindicatos agrarios aplauden en su mayoría la voluntad por dar un paso al frente, aunque aún no se han visto muestras claras de unidad en todos los aspectos que se proponen desde la DGA que, fundamentalmente, pasarían por eliminar los polémicos derechos históricos y también ligar el pago de la PAC a la renta mediante fórmulas que también tuvieran en cuenta la productividad y la dependencia de la actividad. Multitud de factores que fueron condensados hace unas semanas en un algoritmo que la DGA pretende difundir en Europa para que se tenga en cuenta de cara a 2020.