La crisis de precios del sector lácteo paraliza inversiones millonarias en Aragón

Cuando la Unión Europea anunció que el 1 de abril de 2015 desaparecían las cuotas lácteas, un sistema de producción puesto en marcha por Bruselas en 1984 para controlar la producción de leche, algunos ganaderos, lejos de inquietarse, pensaron en las oportunidades que ofrecería la posibilidad de producir sin límites.

Fue el caso de Granja San José, la explotación ganadera levantada en 1951 por la familia Pont en la localidad oscense de Tamarite de Litera, que un año antes de que la liberalización del sector fuera una realidad ya anunciaba su decisión de invertir 30 millones de euros para duplicar su producción. Lo haría "de forma escalonada", a lo largo de cuatro o cinco años y siempre con prudencia. "Cuando soplen buenos vientos, remaremos, y cuando el viento amaine, replegaremos velas", señalaba entonces el gerente y tercera generación de la empresa, Jaume Pont. Su proyecto incluía la ampliación de las instalaciones para multiplicar por dos su cabaña ganadera, es decir, para pasar de las 2.000 vacas –a las que hay que sumar 1.600 terneros de reposición– a los 4.000 animales, con los que esta explotación ganadera duplicaría su producción, entonces cercana a los 30 millones de litros de leche.

Pero el sector lácteo vive una auténtica tempestad desde aquel abril de hace algo más de un año. Con el mercado actuando en libertad, los ganaderos han visto cómo los precios de la leche se reducían hasta un 20% hasta caer a mínimos históricos. Así, según datos de la organización agraria UAGA-COAG, el precio medio de la leche pasó de los 0,36 euros por litro en 2014 a 0,28 euros por litro en 2015. Aún más, en el primer trimestre del 2016 se estaban cerrando contratos por debajo de los 0,20 euros por litro, mientras que los costes de producción de un litro de leche se sitúan de media en 0,34 euros.

Estas cifras han pasado factura a los planes de ampliación de Granja San José. Y la inversión se ha paralizado. De momento, la granja había abordado la puesta en marcha de una nueva sala de ordeño rotativa con capacidad para 80 plazas y una nueva nave para albergar 700 vacas más. "Durante este año hemos paralizado nuestros planes de crecimiento. Esperamos poder reactivar dichas inversiones a comienzos de 2017", señala Pont, que explica que durante este ejercicio producirán el mismo volumen de leche que en 2015, año en el que incrementaron su producción "ligeramente, aproximadamente un 7%".

Solución estructural "nula"

Lo que Pont tiene claro es que su granja no será una de las que acuda a los incentivos aprobados por Bruselas para aquellos ganaderos que decidan reducir su producción. Unas ayudas para las que la Unión Europea ha dispuesto 150 millones, repartidos en ‘sobres nacionales’ entre los Estados miembros productores (a España le corresponden, 14,6 millones de euros) y que llegarán de forma directa para mejorar la liquidez de los ganaderos, que recibirán 0,14 euros por kilo de leche que se deja de producir hasta que se termine el presupuesto establecido.

Para Pont "dichas ayudas servirán para paliar momentáneamente la grave situación del sector, por lo menos para los ganaderos que se acojan a dichas ayudas. Creo que tendrán poca influencia en el precio de la leche, puesto que al mismo tiempo que algunos ganaderos reducen la producción, de forma subvencionada, otros la incrementarán. Como solución estructural a largo plazo, su efecto será nulo".

Así lo piensan también las organizaciones agrarias aragonesas, convencidas de que esta medida es tan solo un "parche", que en nada solucionará la grave crisis de precios que atraviesa el sector. Su único lado positivo, asegura Carlos Larraz, ganadero y responsable del vacuno de leche en UAGA, será proporcionar una "jubilación digna" a esos ganaderos ya mayores que no tienen relevo generacional y no pueden obtener ingresos por las cuotas.

Los datos les han dado la razón. En el primer periodo establecido para acogerse a este medida –el plazo terminó el pasado miércoles–, solo cinco ganaderos aragoneses –en la Comunidad apenas existen 62 explotaciones– han presentado la obligada solicitud, según las cifras de la consejería de Desarrollo Rural. Habrá nuevos periodos de solicitud –el 12 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre–, pero no espera que el interés sea mayor.