La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este miércoles que el impacto económico global de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular ha permitido un ahorro de 12.200 millones de euros desde 2012.

Báñez ha hecho este anuncio en la firma de la renovación del convenio de colaboración en el Ministerio del Interior para la lucha contra el fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Socia y ha añadido que esta lucha ha permitido detectar más de 5.000 empresas ficticias y que aflorasen hasta 274.000 empleos irregulares.

Además se han anulado más de 111.000 actas ficticias y 128.000 contratos temporales se han convertido en indefinidos como consecuencia de la actuación inspectora en la lucha contra el fraude.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que el balance del convenio es muy satisfactorio y ha subrayado que el año pasado se han efectuado más de 46.304 investigaciones sobre fraude a la Seguridad Social, con un incremento del 7,4 % respecto al ejercicio anterior.

Fernández Díaz ha valorado la renovación del convenio, que ha dado lugar a la unidad de investigación de la Seguridad Social, y ha asegurado que esta sección facilitará el acceso de la policía nacional a la base de datos de la Administración de la Seguridad Social y la cesión de estos.

Ha informado de que desde 2013 hasta el primer trimestre de este año se han detenido a 2.698 personas, se ha logrado la imputación de 3.627 y el fraude descubierto a la Seguridad Social ha alcanzado un volumen superior a 400 millones de euros.

El ministro ha desglosado esta cifra y ha dicho que 104 corresponden a 2013, otros 231 millones a 2014 y 66 millones al primer trimestre de 2015.

Fernández Díaz ha abogado por potenciar esta unidad y aumentar su grado de especialización y ha pedido que este modelo se amplíe en el futuro a unidades de la Guardia Civil.

A juicio del ministro, esta "fructífera" colaboración está permitiendo el afloramiento de prácticas de economía sumergida y frustrando la creación de empresas ficticias y la simulación de relaciones laborales pergeñadas para la percepción indebida de prestaciones.

El ministro también ha valorado que se esté favoreciendo la lucha coordinada "contra esta forma de esclavismo del siglo XXI que se aprovecha de trabajadores sin permiso de trabajo o de residencia".

Fernández Díaz ha añadido que convenios como este inciden también en la erradicación de otro tipo de crisis, "de carácter ético y moral y mostrándonos intolerantes ante conductas insolidarias e injustas que afectan negativamente al conjunto de la sociedad".

El titular de Interior ha precisado que el fraude a la Seguridad Social es un fraude a toda la sociedad "pero en particular a nuestros compatriotas jubilados, viudos, huérfanos o desempleados, es decir, personas que necesitan una especial protección".

La titular de Empleo ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno es favorecer el empleo con derechos y ha considerado que el fraude laboral constituye una "agresión intolerable" a los derechos de los trabajadores.

Ha añadido que la lucha contra el fraude es un atentado a la competencia leal entre empresas y un elemento que garantiza la estabilidad del sistema del bienestar, entre ellas las pensiones.