El fraude laboral, un problema inherente a la sociedad española desde antaño, confirma su auge durante la crisis aumentando la preocupación y la vigilancia de las Instituciones locales, nacionales y europeas. A pesar de la dificultad para medir la incidencia del empleo sumergido debido a su clandestinidad, en los últimos años numerosas asociaciones, sindicatos y organismos han apuntado baremos que se atreven a medir su implantación en el territorio. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el Departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA, que cifra el número de empleos irregulares o no declarados en la Comunidad en “al menos” 40.000.

Dicha estimación, que se muestra en un informe elaborado para diagnosticar las necesidades de la Comunidad de cara a la distribución de los fondos cofinanciados por la Unión Europea, se basa a su vez en uno de los últimos trabajos que ha abordado el problema del fraude laboral desde la órbita comunitaria, que establece que el importe estimado de la economía no declarada en España fue aproximadamente del 18,6% del PIB español en 2013. Esto es, casi la friolera de 196.000 millones de euros al año que se mueven al margen del pago de impuestos y tributos.

Estas cifras, que pueden carecer de valor si no se trasladan a términos reales, supondrían que de 'aflorar' todos estos puestos de trabajo no declarados la tasa de paro en la Comunidad Autónoma se reduciría del 20% actual a poco más de 15, al tiempo que las arcas de la Seguridad Social notarían un aumento proporcional.

No obstante, desde los sindicatos, donde están acostumbrados a lidiar con situaciones de trabajo irregular, todas estas estimaciones se leen con prudencia. “El trabajo sumergido es un problema histórico de España y que parece que, por desgracia, con la mala situación actual se está acrecentando”, explica José De las Morenas, Secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT, que pese a todo avisa de que cualquier baremo debe ser siempre “cogido con pinzas” debido a la gran fluctuación que tienen este tipo de indicadores.Negocio para muchos, nicho de subsistencia para otros

Pese a todo, los representantes laborales no dudan en alertar de que en los últimos años, debido a los apuros de muchas pequeñas empresas y trabajadores, se están cometiendo numerosos fraudes encubiertos y en los que en ciertos casos “existe cierta permisividad o convivencia por parte del trabajador”. Un ejemplo de ellos -según explica De Las Morenas- son los contratos a media jornada en los que los trabajadores acaban trabajando 8 horas o las que hagan falta, cobrándolas, pero sin que las empresas declaren ese trabajo. Una situación que se da especialmente en el sector servicios y que “muchas veces no encuentra la oposición del trabajador” debido a la escasa posibilidad de empleo que existe en el país.

Otro de los sectores en los que el trabajo al margen del fisco sigue altamente implantado es en el servicio del hogar, ámbito en el que el Gobierno realizó una regularización hace dos años pero que sigue contando con un amplio número de trabajadoras que no tributan. A estos empleos se han sumado en los últimos años, según señalan los sindicatos, gran parte de los trabajadores y asistentes que habían proliferado durante los años de implantación de la ley de dependencia. Cuidadores que ahora, cuando muchas de estas familias se han quedado sin ayudas, siguen colaborando en los hogares de los enfermos aunque sin declarar su trabajo, más aún después de que el Estado dejara de financiar las cotizaciones.

“El mayor problema quizá sea que hace unos años el trabajo no declarado era algo que se limitaba a defraudadores que decidían hacerlo con alevosía para no pagar impuestos, mientras que ahora hay personas que se encuentran en empleos irregulares que lo hacen porque es el único nicho que les queda después de haber sido expulsados de los cauces legales de la actividad” subraya De Las Morenas. Más medidas antifraude, aunque con resultados diversos

Ante este panorama, Hacienda ha multiplicado en los últimos años sus esfuerzos para reducir en la medida de los posible una economía sumergida que supera hasta en diez puntos los registros que se manejan en otros estados de la eurozona. En concreto, Aragón es una de las CC.AA. más vigiladas por el fisco en términos de personal, contando con una proporción de inspectores superior a la media española, algo que no evita que por su número -pocos más de 150- no lleguen a todas las esquinas por las que se escapa la recaudación. No en vano, solo el año pasado afloraron 2.036 empleos irregulares en Aragón, un dato que pese a ser superior al de otros ejercicios no acaba de despegar.

Además, el Gobierno creó hace ahora un año el llamado 'Buzón antifraude', un mecanismo de denuncia que permite al ciudadano señalar a la administración a aquellas empresas o profesionales que sospecha que cometen fraude, pero que, tras su primer año en funcionamiento, solo ha hecho aflorar 24 empleos ilegales en la Comunidad.