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Zaragoza

La declaración de un letrado en el caso Minas provoca la crítica del colegio de abogados

El juez instructor obliga al defensor de dos imputados en el proceso a saltarse el secreto profesional y a comparecer como testigo 

Ramón J. Campo 03/10/2014 a las 06:00
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Un abogado declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza en el caso Minas después de que el juez le liberara del secreto profesional con sus clientes investigados, los hermanos Carlos Andrés y Paulino P.A. El magistrado informó al letrado Juan M. S. antes de su declaración de que los dos implicados en el caso habían autorizado que se saltase el secreto sobre la adquisición y venta de unas participaciones en Exportaciones Mineras Jiloca y Contrayer. 

Entre la citación judicial y la declaración del testigo, el Colegio de Abogados de Zaragoza remitió una circular el pasado martes día 23 sobre el secreto profesional en la que lo criticó y "para evitar malos entendidos", recordó la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su artículo 542.3 dispone que "los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos". 

El Colegio de Abogados precisó que "mantener el secreto profesional es un deber del abogado del que solo puede ser liberado por su cliente en cuanto le afecte personalmente". De hecho, asumen que el juez puede citar como testigo a un abogado y él tiene la obligación de acudir, "pero nunca podrá liberarle del deber de mantener el secreto profesional, por lo que podrá negarse a responder a las preguntas que afecten al mismo". "Tampoco la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados puede liberar de tal deber del Estatuto General de la Abogacía", agrega la circular. 

Todos los letrados que asistieron ayer a la declaración en el Juzgado de Instrucción número 12 debatían sobre la circunstancias de su compañero en un caso en el que está a punto de concluirse las diligencias y pasar a que califique el Ministerio fiscal y las partes, entre ellas el Gobierno de Aragón. Hay trece imputados en esta presunta trama de corrupción en el sector de los áridos. 

Compraventa de acciones

El juez preguntó al letrado si conocía que una señora (María G. O.) había adquirido y vendido las acciones de la empresa Explotaciones Mineras Jiloca y Contrayer. Sobre esta circunstancia conoció por la citación de la Policía Judicial a sus clientes y lo que ellos le contaron para asesorarles. 

El abogado que declaró ayer prefirió no hacer declaraciones al salir del Juzgado de Instrucción número 12 porque la situación para él era "delicada". Se trata de una decisión bastante atípica y que ha obligado a liberar del secreto profesional al letrado. De hecho, sus propios clientes han tenido que dar antes su consentimiento para que este pueda contestar a todas las preguntas que le formule el juez.

Al parecer, la compraventa de las acciones de la sociedad no tenía impedimento legal en la situación existente. Pero la empresa llevaba seis o siete años peleando con el Gobierno de Aragón por unos expedientes y el letrado consideraba que si dicha señora era partícipe de la sociedad podían verse perjudicados y por eso aconsejaba que sería mejor que esa accionista vendiera sus participaciones. Los dos clientes asumieron el consejo del abogado y uno de ellos decidió adquirir la participación de la señora.

En la declaración de ayer se recordó la batalla jurídica entre la DGA y la empresa Contrayer porque se cruzaron varios pleitos, con bastantes sentencias en contra de la sociedad, en los que se llegaba a declarar la temeridad.

Final de la investigación

Fuentes jurídicas señalaron ayer que esta singular declaración es la última citación y de la misma no parece que vaya a abrirse una nueva línea de investigación. Hasta ahora, las declaraciones de los trece imputados se produjeron hasta el pasado mes de marzo.

De no ser así, lo más probable es que, en breve, el magistrado vaya a dictar un auto de acomodación de los diligencias a procedimiento abreviado. En ese momento, las acusaciones -Fiscalía y Gobierno de Aragón- tendrán que pronunciarse sobre el caso y pedir el sobreseimiento o acusar a quien o quienes estimen oportuno.
 







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