El juez ha señalado los primeros interrogatorios de la Operación Minas para el próximo 9 de junio, justo tres meses después de que la Policía desvelara la imputación de trece personas –entre ellas un alto cargo de la DGA, su antecesor y cinco funcionarios– por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a empleados públicos en la tramitación de derechos mineros. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, encargado de la investigación, ha preferido esperar a que se celebrasen los comicios municipales y autonómicos para reactivar el caso. Y aunque el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía entiende que hay indicios suficientes para imputar a estas trece personas, el magistrado todavía no ha confirmado las imputaciones. De hecho, ha optado por empezar citando a varios testigos.

Los primeros en pasar por los juzgados de la plaza del Pilar serán Anselmo Val Salvador y Miguel Domingo Tolón, vinculados con la explotación de áridos en el municipio zaragozano de Fuentes de Ebro. Parece que las preguntas del instructor a estos dos testigos serán muy concretas, ya que se les ha convocado con tan solo 15 minutos de diferencia. También se ha incluido en esta primera tanda de declaraciones a José Manuel Serrano Gómez, empresario que será interrogado por exhorto en Santander, ciudad en la que actualmente reside.

Como será un colega y no él quien formule las preguntas a este tercer testigo, el instructor ha dejado muy claro en una providencia cuál es su interés. Pretende que el empresario explique _cuál fue el contenido de una reunión que mantuvo en el verano de 2006 con el principal imputado de la Operación Minas, el entonces director del Servicio Provincial de Industria en Zaragoza Francisco Javier Hualde García, destituido el pasado 9 de marzo.

Según el magistrado, en aquel encuentro se habló de una solicitud de autorización de extracción de recursos mineros que había sido tramitada en el año 2004 por la empresa Mármoles Monterde. La compañía tiene las oficinas centrales en la capital cántabra, pero la cantera y planta de transformación están ubicadas en el municipio zaragozano de Monterde, en la Comunidad de Calatayud.

La fecha de esta última comparecencia todavía no ha sido fijada. En cualquier caso, el juez encargado de la Operación Minas ha pedido al titular del juzgado cántabro que se haga cargo de la declaración que comunique con suficiente antelación el señalamiento. No en vano, son varios los abogados que se han personado ya en la causa y que podrían estar interesados en asistir.

Todo apunta a que no habrá más citaciones hasta que se celebren estas tres. Habrá que ver entonces si se cita ya a alguien en calidad de imputado.