El Ayuntamiento paga por orden judicial 832.509 euros a la empresa del parquin de la Romareda

Después de años de conflicto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la concesionaria del parquin de la Romareda, Isolux Corsan, al final habrá que pagar por orden judicial. El gobierno municipal, a través de un decreto del concejal de Hacienda, Fernando Gimeno, acaba de acordar una modificación presupuestaria con el objetivo de abonar una deuda de 832.509 euros, además de los intereses de demora, en compensación por la pérdida de negocio que le supuso a la citada empresa la no construcción del estadio y la zona comercial anexa.

El pago de estos 832.509 euros llega con dos meses de retraso y obedece a un auto judicial del pasado 15 de abril por el que se impone al Consistorio el pago cautelar e inmediato de esa cantidad, que el Ayuntamiento ya había admitido como máximo a compensar en octubre de 2013. El juez aplicó una novedad legislativa para combatir la morosidad que consiste en obligar a la administración a abonar una deuda de forma cautelar una deuda antes de la resolución de un pleito.

La tramitación del pago se ha producido después de que Isolux se dirigiese al Ayuntamiento para reclamar el pago de los 832.509 euros recogidos en el auto, además de 11.586,70 euros por los intereses de demora devengados desde el 30 de enero de 2014. En su escrito, fechado el 6 de junio de 2014, Isolux califica la actitud del Ayuntamiento de «burla del derecho de tutela judicial efectiva» y considera que con su retraso en pagar convertía el auto de abril «en papel mojado». 

«Esta actitud rebelde al cumplimiento del auto de 15 de abril es (...) nociva para el interés público, ya que el impago de la cantidad a la que se refiere el auto aumenta la cantidad debida en concepto de intereses», dicen los representantes de la concesionaria del estacionamiento. Es más, la empresa dice estar en una situación económica, financiera y patrimonial «insostenible» por la resistencia del Ayuntamiento a pagar.Responsabilidad penal

Ante las resistencias del Ayuntamiento a saldar sus deudas pese al auto judicial, en su escrito de alegaciones avisa de que el juzgado deberá imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros, sin perjuicio de solicitar responsabilidades patrimoniales e incluso penales. Isolux apunta como responsables al alcalde, a los miembros del gobierno, al interventor, al secretario y a la jefa del servicio de presupuestos. 

Ante las duras alegaciones de la empresa y con un auto que le obligaba, el vicealcalde no tuvo más remedio que buscar la fórmula para abonar la deuda. Para afrontar el pago, el Ayuntamiento se ha visto obligado a modificar el presupuesto mediante decreto. En concreto, ha dispuesto esos 832.509 euros de la partida de la Seguridad Social, que ha suplementado la de «indemnizaciones varias» de las cuentas.

Pero el conflicto no acaba con el pago de estos 832.509 euros, dado que el proceso judicial iniciado por Isolux aún está pendiente de resolución. Tal y como recoge el auto judicial, además de esa cantidad Isolux reclama otros 13,07 millones de euros para reequilibrar la concesión del estacionamiento que se inauguró en 2008 tras el fracaso de la operación Romareda, paralizada por los tribunales. Esta cifra es inferior a la defendida por la empresa concesionaria al principio del proceso judicial, cuando llegó a reclamar más de 20 millones de euros.

El caso de Isolux no es único. Al menos en otras dos ocasiones los jueces han acordado el pago cautelar de una deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, a la espera de que haya sentencia firme. En concreto, el pasado junio un auto judicial ordenó al Consistorio que abonara de forma cautelar una deuda con la concesionaria de la grúa, Dornier, por valor de 848.886 euros, además de 60.476 por intereses de demora. Ocurrió lo mismo con la constructora del edificio Etopia, Sacyr-Marcor Ebro: 483.000 euros en concepto de intereses de demora.