El TSJA rechaza los recursos a la sentencia que anuló el plan Romareda de la etapa PSOE-CHA

Tras semanas de inquietud en el Ayuntamiento de Zaragoza a propósito de la resolución judicial del caso Romareda, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) zanjó el pleito de forma salomónica. No entra a valorar si estaba bien fundamentada la polémica sentencia del juez Albar, que anuló en 2007 el proyecto de reforma del estadio del gobierno de la época, formado por PSOE y CHA. Al mismo tiempo, le da la razón a los recurrentes, el PAR y el PP, al desestimar las apelaciones presentadas por el Consistorio y por el Real Zaragoza. El Ayuntamiento ya ha anunciado que no va a recurrir al Tribunal Supremo.

La sentencia, hecha pública ayer, no entra al fondo del asunto, es decir, no aclara si las siete causas de nulidad argumentadas por Albar en su sentencia estaban bien fundamentadas en derecho. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia opta por no mojarse en base a las propias decisiones tomadas por el Ayuntamiento: el gobierno ha renunciado al proyecto de la Romareda y ha optado por otro campo en San José, hechos que han supuesto "la ineficacia de los acuerdos aquí impugnados".

En definitiva, el juez considera que los recursos han perdido su objeto, ya que el proyecto no se va a hacer. Para llegar a esta conclusión, la Sala se apoya en los propios acuerdos municipales. En primer lugar, recuerda que en 2008, durante el proceso que se siguió para determinar si el auto de suspensión cautelar de las obras firmado por Albar en abril de 2006 estaba ajustado a derecho, el Ayuntamiento ya anunció su intención de construir el nuevo estadio en San José. De hecho, el TSJA ya desestimó los recursos a la suspensión provisional de las obras por falta de objeto.

Ahora vuelve a hacer lo mismo. Se basa en el acuerdo del 1 de febrero de 2008 alcanzado en junta de portavoces por el PSOE, el PP, el PAR e IU para trasladar el campo de fútbol a San José, junto a la estación de Miraflores. Además, la Sala recuerda que el Gobierno de Zaragoza, el 23 de diciembre de 2009, aprobó el convenio de colaboración con la DGA para la gestión y construcción del nuevo estadio. Subraya el "hecho sobrevenido" de abandonar el proyecto de la Romareda y optar por el de San José, "de forma que esa circunstancia es causa de que el actual recurso carezca de contenido en sí mismo".

La Sala también analiza los argumentos esgrimidos por las partes durante el proceso de alegaciones abierto ante la petición del PAR, representado por el letrado Clemente Sánchez Garnica, de que se archivara la causa por pérdida de objeto. Rechaza las tesis planteadas por el Ayuntamiento, que reclamó que el TSJA se pronunciara sobre el fondo del asunto, y el club. Pero pese a que las pretensiones municipales son rechazadas, aporta una argumentación que suscitó una gran satisfacción por parte del gobierno municipal.

Ante el planteamiento del Ayuntamiento de que del caso podrían derivarse indemnizaciones a las contratistas de la obra (Sacyr y Acciona) y a la adjudicataria del parquin anexo (Isolux), la Sala responde que "basta decir que la primera no ha sido parte del proceso y la segunda se ha aquietado a la sentencia del juzgado, pues no la ha apelado". También rechaza la tesis del Real Zaragoza, que avisó de posibles reclamaciones por el pacto que había alcanzado con Sacyr y Acciona. Según la sentencia, ese acuerdo es "ajeno y posterior" a los acuerdos recurridos.