La DGA colaborará con los ayuntamientos para prestar los servicios sociales

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha afirmado que el Ejecutivo tendrá que establecer lazos de colaboración con los ayuntamientos en materia de servicios sociales si sale adelante el anteproyecto de reforma de la ley de administración local.

No obstante, ha reconocido que hasta el momento no se han destinado recursos a este fin dado que la ley está en trámite de anteproyecto, ha insistido, y por tanto su entrada en vigor afectaría ya al presupuesto de 2014.

Oliván ha respondido así a una pregunta realizada por la diputada de IU Patricia Luquin en el pleno de las Cortes, quien ha mostrado su preocupación por que el Gobierno aragonés no haya previsto "absolutamente nada" en esta materia, al tiempo que ha recordado que es una ley que ha impulsado el PP.

Luquin ha recordado que existen en la actualidad 53 residencias de mayores dependientes de los ayuntamientos en Aragón, que tienen problemas porque cobran en un plazo de 6 ó 7 meses y en las que no se cubren las plazas vacantes.

Ha expresado, también, su temor de que, si se aprueba la ley, se produzca un desmantelamiento de los servicios sociales públicos y se pueda abrir la puerta a la privatización.

Oliván ha respondido también a una pregunta formulada por Nieves Ibeas, de CHA, sobre la afección de los recortes en las casas de acogida que atienden a mujeres maltratadas, a la que ha respondido que lo lógico es "ajustar el dinero a la demanda existente".

En este sentido ha explicado que la casa de acogida de Teruel atiende ahora a 12 mujeres, a 8 la de Huesca y a 9 la de Zaragoza y ha añadido que el recorte presupuestario con respecto al pasado ejercicio ha sido de 7.000 euros que no ha afectado a los servicios prestados sino a las instalaciones.

Cierre de la residencia Turia

Por otra parte Oliván ha asegurado que el cierre de la residencia Turia de Teruel se comunicó tanto a los usuarios y familiares como a los trabajadores.

La diputada socialista María Victoria Broto ha criticado no sólo el cierre de la instalación sino "cómo se ha gestionado", y ha expresado su preocupación por el futuro de los 17 trabajadores que continúan en el hogar de personas mayores de la citada instalación.

Oliván ha recordado que el plan previsto para la residencia Turia, que ha supuesto la recolocación de trabajadores en otras residencias y la extinción de 6 puestos de trabajo, fue negociado, cerrado y aprobado en febrero con los objetivos principales de seguir prestando una buena atención y que el impacto en el empleo fuera mínimo.

De los 56 trabajadores que operaban en esta instalación, 17 siguen en el hogar, ha dicho Oliván, 6 puestos se han amortizado y 30 personas se han trasladado a Javalambre, ha explicado, toda vez que ha insistido en que no es cierto que no se comunicara la decisión a los interesados.