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Una mujer de Zaragoza sienta en el banquillo y pide cárcel para su padre, de 92 años
El anciano se enfrenta a una petición de prisión de 4 años y medio y su otra hija, también acusada, se juega casi ocho años.
Las desavenencias personales y económicas entre los miembros de una familia de Fuentes de Ebro (Zaragoza) han acabado en los tribunales. Y aunque habrá que esperar a conocer la decisión de la Audiencia Provincial, podrían terminar llevando a prisión a un hombre de 92 años, al que una de sus hijas y el marido de esta acusan de un delito de apropiación indebida. Además del anciano, R. S. C., en el banquillo de los acusados se sentó este lunes también su otra hija, M. M. S. V., para la que también piden cárcel. Según los denunciantes, ambos investigados se pusieron de acuerdo para distraer 178.575 euros de la cuenta de la sociedad civil El Guacharo, de la que ellos y la acusada son administradores solidarios y que se dedica a gestionar una explotación gravera propiedad del nonagenario.
El origen de este pleito se remonta al 15 de febrero de 1999, cuando el acusado firmó un contrato de alquiler con sus hijas y su cuñado para que estos últimos explotaran la citada parcela. El acuerdo establecía el pago anual de 100.000 pesetas (600 euros) al anciano, pero parece que desde finales de 2019 este habría estado recibiendo mucho más dinero. Y quien le habría transferido esas cantidades sería su hija M. M. S. V. De ahí que además de por el delito de apropiación indebida, su hermana y su cuñado le acusen también de administración desleal.
Durante el juicio celebrado ante el tribunal de la Sección Primera, los acusados reconocieron haber ordenado y recibido, respectivamente, dichas transferencias. Sin embargo, estos mantienen que los pagos han sido legales, puesto que venían avalados por un acuerdo verbal. Algo que la otra parte niega.
Como recordó la Fiscalía, que solo acusa por el delito de apropiación indebida y pide sendas penas de tres años de prisión para padre e hija, el 1 de diciembre de 2014 se produjo un hecho importante. Porque, en esa fecha, la sociedad El Guacharo arrendó una explotación minera ubicada dentro de la finca del nonagenario a la empresa Áridos y Excavaciones Hermanos Domingo Pascual, pactando un pago mínimo anual de 6.000 euros.
Según el Ministerio Público, los acusados se pusieron de acuerdo para transferir los beneficios generados por ese contrato a una cuenta de la que es titular el anciano. Y lo habrían hecho sin el consentimiento de los denunciantes, que habrían visto evaporarse la parte del dinero que les correspondía.
Durante la vista, los encausados insistieron en ese acuerdo verbal que los denunciantes niegan. La acusada aprovechó también su uso de la última palabra en el juicio para acusar a su hermana de solo preocuparse por el dinero, reprochándole que se desentendiera "por completo" del cuidado de sus ancianos padres: la madre falleció ahora algo más de un año.
