Calatayud estudia nuevas vías para acabar la rehabilitación de la harinera de la Merced
El edificio, cuyas obras valían 1,7 millones y permanecen inconclusas, no acogerá la incubadora proyectada, valorada en un millón más
La incubadora en fotónica y óptica proyectada para instalarse una vez acabase la rehabilitación del antiguo edificio de la harinera de la Merced de Calatayud, y que estaba valorado en cerca de un millón de euros con una financiación del 50% por los los fondos del programa Feder 2014-2020, no llegará a materializarse. Lo reconocía ayer el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, en la rueda de prensa habitual tras la reunión de junta de gobierno. "Estamos buscando una alternativa que no a va a ser ni la óptica ni la fotónica", insistía.
Para que la acogida de ese proyecto fuera posible antes tendría que estar concluida la obra de restauración del propio edificio. Se trata de unos trabajos que arrancaron en enero de 2019 con un plazo de realización de 12 meses y valorados en 1,7 millones de euros que contaban con una subvención por la mitad de ese coste procedente del plan europeo Edusi, que se abonaría una vez finalizada la intervención. Sin embargo, dichas labores acabaron por detenerse en enero de 2020 y hasta agosto de 2021 solo se había ejecutado el 47,76%, según se constata en un informe municipal.
Así, para finalizar lo que queda de rehabilitación, Aranda ahondaba que se encuentran en "negociaciones" para concluirla a lo largo del año 2024 y "buscando una serie de circunstancias que eviten el endeudamiento del Ayuntamiento", refiriéndose a que no llegarían fondos Edusi para el resto de obra y abriendo la mano, sin concretar, a que pudiera ser una fórmula cercana a la colaboración público privada con "contraprestaciones o cesión".
Sobre las conversaciones se limitaba a sostener que esperan encaminarlas "en las próximas semanas" y evitaba dar más detalles al respecto. "Cuando tengamos más información hablaremos de todo", contestaba. De todo ello se desprende también que el Consistorio tampoco desarrollaría el proyecto de la incubadora en ninguna otra sede en la ciudad.
Para justificar los problemas en el desarrollo de las obras, Aranda recordaba que desde el inicio confluyeron "circunstancias adversas". Sintetizaba de esta forma las desavenencias con el arquitecto adjudicatario de la dirección facultativa y con la UTE de dos constructoras que realizaba las obras. Ambos acuerdos fueron resueltos por el Consistorio y la decisión avalada por el Consejo Consultivo de Aragón.
En el primer caso, según el dictamen, por "modificaciones del proyecto sin la autorización municipal y en perjuicio de la propia obra causando un retraso injustificado, y poniendo en riesgo la financiación europea". En el segundo, el Consejo atribuía que la "paralización y abandono de las obras objeto del contrato son imputables a la UTE". Ambos contratos se encuentran también en la vía judicial para dirimir responsabilidades
