La Audiencia juzgará al alcalde de Murero y a tres ediles por presunta prevaricación
Las obras de ampliación de una carretera llevarán también al banquillo al arquitecto que redactó el proyecto e incluso al operario de la excavadora.
Las obras de ampliación de una carretera provincial van a sentar en el banquillo de los acusados al alcalde de Murero, Santiago Mingote García (PP), y a tres concejales de este pequeño municipio de la comarca de Daroca, a los que un vecino acusa de prevaricación administrativa, un delito de alteración de lindes y otro de daños. Y lo hace porque, a su entender, aprobaron una actuación que le acarreó un grave perjuicio, ya que durante los trabajos se invadió un terreno de su propiedad y se alteraron los límites de la finca. Por estos mismos hechos serán juzgados también el arquitecto técnico que redactó el proyecto e incluso el palista que conducía la excavadora.
Para el regidor y los ediles –Rafael C. M., Mª Jesús M. M., y Jesús G. M. (ya no está en la corporación)–, el querellante solicita condenas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sendas multas: de 10.800 euros para el alcalde y de 8.640 para los otros tres. El arquitecto y el operario, al no estar acusados de prevaricación, se enfrentan a multas de 8.640 y 6.480 euros, respectivamente. Por el perjuicio económico sufrido, el vecino exige también una indemnización de 4.029 euros, a la que tendrían que hacer frente los encausados de forma conjunta y solidaria.
El origen de la causa que instruyó el Juzgado de Instrucción de Daroca y que se juzgará a comienzos del próximo año en la Audiencia de Zaragoza está en las obras aprobadas en el pleno celebrado el 24 de octubre de 2018, al que asistieron tanto el alcalde como los concejales investigados. Según la memoria, estas consistían en el ensanchamiento de la plataforma de la carretera a la altura de la curva del cementerio municipal. El objetivo, ampliar la banda de rodadura y dar una mayor visibilidad a los usuarios de la vía.
Según el denunciante, la ejecución de estos trabajos «jamás» le fue comunicada por el Ayuntamiento de Murero, pese a que afectaba a su parcela e incluían el desmonte de un talud que delimitaba la misma. En su escrito de acusación, el abogado Miguel Lanaspa asegura que no consta que se instruyera un expediente administrativo respecto a la licitación y adjudicación de las obras, ni de solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPA). Tampoco se llevó a cabo ninguna actuación expropiatoria para compensar a su cliente, argumenta. Por todo ello, entiende el vecino afectado que al actuar como lo hicieron los acusados solo conseguían perjudicarle.
La denuncia se interpuso el 15 de marzo de 2019, pero los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2018, cuando el dueño de la finca se dio cuenta de que había una excavadora trabajando dentro de la misma. Pidió a los obreros que detuvieran inmediatamente los trabajos, pero parece que estos se negaron diciendo que los promovía el Ayuntamiento de Murero y tenían autorización del alcalde. La respuesta obligó al vecino a solicitar la intervención de la Guardia Civil, que se presentó allí y levantó el oportuno atestado.
El juez llegó a archivar el caso
Contra los acusados solo ha presentado cargos el propietario del campo afectado, ya que la Fiscalía no aprecia indicios de delito y ya solicitó en su día el archivo de las diligencias. El juez instructor de Daroca llegó a decretarlo, pero se tramitó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que decidió invalidar el sobreseimiento y ordenar que se siguiera investigando lo ocurrido.
El Ministerio Público recuerda que se ha practicado una «amplia y completa instrucción», y de las pruebas practicadas sigue sin ver ningún motivo para acusar al regidor o al resto de investigados. Según esta parte, existe también abundante documentación, en particular, la remitida por la DPZ relativa al expediente administrativo abierto para subvencionar los trabajos objeto de litigio. Por todo ello, concluye que no hay indicios suficientes para acreditar los delitos que se imputan. Y considera que, en su caso, el conflicto debería resolverse en el ámbito administrativo o civil.
