Sanción de 30.001 € a una popular discoteca de Zaragoza por obstaculizar una inspección
La sala, una de las que más conflictos genera, impidió a la Policía Local medir el nivel de ruido. Los técnicos detectaron también fallos en las medidas contra incendios.
Si un juez no lo impide, la discoteca Garden, uno de los principales focos de peleas, agresiones y conflictos en el ocio nocturno de la capital aragonesa, tendrá que hacer frente a una sanción de 30.001 euros por una infracción muy grave. Los dueños del popular establecimiento, ubicado en la avenida de San Juan Bosco número 3, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Gerencia del Área Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embarco, concluida la tramitación del caso, este último acaba de enviar esta misma semana un escrito al juzgado en el que justifica los motivos y la cuantía de la sanción. Por lo tanto, solo queda ahora que el magistrado se pronuncie.
La reciente tragedia de Murcia, donde fallecieron 13 personas en un incendio que afectó a tres discotecas, ha reabierto el debate sobre las inspecciones que se llevan a cabo a este tipo de negocios. Y, sobre todo, en la ejecución de las sanciones y suspensiones que se imponen. De ahí la importancia de los controles que la Policía Local de Zaragoza y los técnicos del Servicio de Disciplina Urbanística cursan de forma periódica en las distintas salas de fiesta de la ciudad.
Los hechos que dieron lugar al expediente sancionador de la sala Garden se remontan al 16 de febrero de 2022, cuando la Policía Local formuló un boletín de denuncia contra la discoteca por obstaculizar la labor inspectora tanto de los agentes municipales como de los funcionarios del Servicio de Urbanismo que les acompañaban. Durante la visita, se pidió reiteradamente al responsable del establecimiento que conectara el equipo de música para poder hacer una medición de decibelios. Se trataba de verificar si el volumen real se correspondía con el autorizado cuando se tramitó la correspondiente licencia municipal. Sin embargo, según el informe oficial, el encargad arguyó distintas excusas para no conectar el aparato: por ejemplo, que la única persona que lo manejaba estaba ilocalizable, «sin aportar ninguna solución» para poder hacer la correspondiente comprobación.
No conformes con lo ocurrido, los inspectores fijaron una nueva visita para el 18 de febrero. Aquel día, al practicar la medición, el nivel de ruido no superó el autorizado. Pero los funcionarios se dieron cuenta de que habían sido retirados dos altavoces que estaban situados frente al escenario en la anterior visita. Y también se dieron cuenta de que la persona que manejaba el equipo se encontraba en la sala el día 16 de febrero. Por todo ello, entendieron que se había producido una falta de colaboración deliberada y continuaron con el expediente sancionador.
Fallos en las luces de emergencia
En el expediente que obra en el juzgado, los técnicos municipales daban cuenta de otras irregularidades detectadas durante la primera inspección. Varias de ellas, relacionadas con la normativa de prevención de incendios: por ejemplo, el alumbrado de emergencia no funcionaba correctamente y el cableado eléctrico de varios recintos estaba en malas condiciones (mangueras cortada con cables sin protección). También se había colocado una estructura metálica tubular en el centro de la pista para la que no se contaba con documentación alguna de legalización. Durante la segunda visita, los funcionarios observaron también irregularidades en una puerta cortafuegos que obstaculizaban un 50% la salida a la vía pública en caso de emergencia.
Los abogados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez, que representan a la sala Garden en el contencioso administrativo, negaron en los escritos dirigidos al juez que los responsables del local quisieran entorpecer la labor de los inspectores, a los que, recuerdan, se permitió acceder sin problema al negocio.
Redadas y múltiples detenciones
La inspección municipal que dio lugar al expediente sancionador que podría costar 30.001 euros a los dueños de la discoteca Garden se produjo el 16 de febrero de 2022, solo cuatro días después de que la Policía Nacional llevara a cabo una gran redada en este mismo establecimiento el día que celebraba una fiesta de San Valentín. Con aquel dispositivo, la Jefatura Superior de Aragón daba respuesta al repunte de peleas y agresiones que se venían produciendo los fines de semana en el entorno de este local, algunas vinculadas a bandas latinas.
Aquella noche, la del 12 de febrero, se identificó a 626 personas, de las que se detuvo a dos. Pero en solo dos semanas se habían producido 13 arrestos en la discoteca y sus inmediaciones.
La operación finalizó con 21 denuncias por posesión de sustancias estupefacientes, una por tenencia de armas y 38 por infracción a la Ley de Extranjería. Por otro lado, a los responsables del negocio se les impusieron dos denuncias, una por exceso de aforo y otra por incumplimiento de las medidas covid. La Policía también denunció a un empleado de admisión.
