El Ayuntamiento alega al TSJA que parar La Romareda "pone en riesgo ser sede del Mundial"
Podemos rechazará las medidas cautelares solicitadas por los servicios jurídicos y pedirá esperar a que haya sentencia.
Este miércoles comienza la cuenta atrás para una de las decisiones judiciales del año: si prospera o no la nueva Romareda tras la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) de tumbar los pliegos del concurso. A las 14.00 expira el plazo para que Podemos presente sus alegaciones a la petición de medidas cautelares formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y está previsto que lo haga. La decisión se espera que llegue en cuestión de días.
En su recurso, los letrados municipales trazan dos argumentos principales: dicen que la resolución es nula de pleno derecho porque el Tacpa nunca debió admitir el recurso de Podemos y, por otro lado, sostienen que no aceptar la medida cautelar "supondría un importantísimo coste de oportunidad" al poner "en gravísimo riesgo (...) la inminente decisión sobre las sedes del Mundial".
Aportan un detallado calendario que establece los distintos hitos para que en mayo o junio de 2024 puedan comenzar las demoliciones (el mes dependerá de si el Real Zaragoza juega o no el 'playoff' de ascenso). Recuerdan que el impacto que podría suponer el Mundial podría llegar a los 335 millones y avisan además del riesgo de incremento de costes o de subida de tipos de interés.
Para el Consistorio, el Tacpa actuó con "manifiesta incompetencia", dado que la Ley establece que un Tribunal de Contratos no puede resolver sobre un contrato de naturaleza patrimonial (un derecho de superficie a 75 años). Ante la posición del organismo en materia de contratación, que considera que en este caso podría ser un contrato o concesión de obras, los letrados municipales creen que esto conduce a "un absurdo jurídico". "Todo contrato patrimonial acabaría siendo contrato público", apuntan en su recurso.
Los servicios jurídicos municipales recuerdan que las obras serán adjudicadas por el superficiario. "En modo alguno pretende la financiación externa de la infraestructura municipal, sino que el fin es promover la gestión del estadio por un club deportivo, muy presumiblemente el Real Zaragoza", argumentan.
También citan otra cuestión. "El Tacpa en ningún momento afirma en su resolución que estemos ante una concesión de obras. Expresa dudas al respecto", sostienen los juristas. El organismo, dependiente de la DGA, resolvió que no podía pronunciarse porque los pliegos no contenían una valoración de las obras. Para los letrados, "es evidente que falta el elemento esencial del contrato público". "El Tacpa podría haber solicitado información adicional, pero lo que no puede es, sin aclarar las dudas que reconoce tener, declarar la nulidad del concurso impugnado", dicen.
Pero además alegan que el Ayuntamiento queda en una situación de "indefensión", dado que el Tacpa declara una nulidad de pleno derecho de la convocatoria del concurso público "que nadie había esgrimido y respecto al que las partes no han sido oídas". "La incongruencia por exceso causa una indefensión constitucionalmente prohibida", concluyen.
Podemos ultimaba este martes sus alegaciones, pero fuentes de la formación indican que en este caso no caben las medidas cautelares porque tras la decisión del Tacpa los pliegos "carecen de validez". Se apoyarán en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la decisión del TSJA que rechazó las medidas cautelares de la anulación, por parte del Tacpa, de la ampliación del servicio Bizi.
