La nueva Romareda afronta su hora crítica
El Ayuntamiento solicitará la próxima semana las medidas cautelares y la nulidad del dictamen del Tribunal de Contratos.
De momento, no hay plan B. El Ayuntamiento de Zaragoza está ultimando los detalles de un recurso que vale un estadio de 140 millones de euros y un Mundial. Y no queda apenas tiempo. El escrito se presentará esta próxima semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con el objetivo de lograr que antes de que acabe el mes se acepten unas medidas cautelares que suspendan la efectividad de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) para poder llegar a septiembre y adjudicar el proyecto. Todo o nada en 15 días. La nueva Romareda afronta por tanto su hora crítica.
Diversas fuentes consultadas coinciden en que se trata de todo un desafío jurídico. Para lograrlo, el cuerpo de letrados municipales está trabajando para fundamentar, en primer lugar, el interés público de la operación, tanto por la inversión en sí como porque es parte imprescindible para que Zaragoza sea sede del Mundial 2030.
Pero además están convencidos de que la decisión del Tacpa no se sostiene jurídicamente. Indican que el órgano es incompetente para adoptar una decisión así, dado que no se trata de un contrato de naturaleza administrativa, sino patrimonial, al otorgarse un derecho de superficie sobre un suelo. Eso es precisamente lo que rechazó el Tribunal de Contratos en su resolución: concluyó que los pliegos de la nueva Romareda contienen prestaciones propias de los contratos de concesión de obras. El Consistorio tiene claro que además el Tacpa se «extralimitó» en sus funciones al anular el procedimiento, cuando el recurrente (Podemos) en ningún caso lo había solicitado.
El Mundial 2030, en peligro
La petición de medidas cautelares tendrá que justificar el riesgo que puede suponer para la candidatura al Mundial 2030 que el estadio quede bloqueado hasta que haya sentencia, lo que puede implicar alrededor de un año. Ya lo avanzó el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, esta semana: "La desestimación de la medida cautelar podría causar un perjuicio respecto a la posibilidad de que Zaragoza sea sede del Mundial".
Los letrados consideran que sus argumentos son palmarios y hay cierto optimismo sobre las posibilidades de éxito. Fuentes consultadas recuerdan que en 2018 el TSJA aceptó una medida cautelar solicitada por la Diputación de Zaragoza frente a una resolución del Tacpa que había anulado los pliegos de la concesión de la plaza de toros de la capital. Tomó la decisión por los "perjuicios" que supondría la suspensión de la Feria del Pilar de 2018. En 2020, el TSJA tumbó la decisión del Tacpa. En el PP también recuerdan una sentencia del Supremo que desestimó un recurso contra la operación del Wanda Metropolitano de Madrid. En aquel caso los jueces subrayaron "el interés general" de una actividad como el fútbol.
Mientras, el gobierno de Natalia Chueca ha mantenido contactos la última semana con las peñas zaragocistas, entre las que cunde la preocupación, y con la Federación Aragonesa de Fútbol, a los que ha tratado de mandar un mensaje de tranquilidad en un contexto en el que el riesgo de que la operación se caiga es real.
En el PP no quieren valorar lo que podría ocurrir si no se aceptan las medidas cautelares. "En ese caso, se estudiarán alternativas. El campo se va a hacer", afirman. Cualquier solución debería ser rápida, para que Zaragoza no pierda el tren del Mundial. Una vía sería volver a convocar el concurso con las especificaciones del Tacpa, es decir, como un contrato de concesión de obras. El periodo de explotación se reduciría a 50 años en lugar de los 75 previstos y el Real Zaragoza ya dejó claro que los fondos de inversión no financiarían una operación así, simplemente porque no salen los números. De hecho, el club advirtió tras conocer la decisión del Tacpa que si cambiaban las condiciones se replantearía su participación.
Otra opción sería modificar el modelo jurídico, buscando vías alternativas de financiación, de acuerdo con el club o con otras instituciones. PP y PSOE ya han enviado mensajes para buscar una solución consensuada y urgente y la coincidencia política del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento es vista en la plaza del Pilar como una garantía.
Pero la incertidumbre no se despeja, porque la operación Romareda ya va camino de los tribunales y entre las cuestiones que más pueden asustar todavía figura la falta de seguridad jurídica. ¿Un fondo de inversión internacional va a dar cobertura a unas obras de 140 millones pendientes de una decisión judicial? No será fácil.
