Sucesos Zaragoza
Robles respalda que se hicieran públicos datos de la capitana de Zaragoza que denunció discriminación sexual
La ministra de Defensa mantiene que las denuncias por acoso por razón de sexo en el Ejército no son ni "reservadas" ni "secretas".
La condición de "reservada" de cualquier "información previa" abierta tras una denuncia por acoso sexual en el seno del Ejército y la protección de la "confidencialidad" de la mujer que la formula es la batalla que persigue la capitana retirada Lourdes Cebollero. Separada del Ejército a raíz de los acontecimientos derivados de denunciar a dos mandos por unas decisiones presuntamente discriminatorias por razón de sexo en el acuartelamiento de San Fernando, la capitana no ceja en su empeño de que el Ministerio de Defensa cumpla su propio protocolo y la Ley Orgánica de Igualdad.
Sin embargo, la última decisión de la ministra Margarita Robles, tomada el 11 de mayo, ha supuesto un nuevo jarro de agua fría a sus pretensiones. La titular de Defensa concluye que esas actuaciones pueden llevarse a cabo de "manera pública" y "con conocimiento de quien aparece como presunto infractor", ya que, argumenta, "mal puede defenderse de algo quien no sabe qué hechos en concreto se le imputan".
"Viene a decir, contradiciendo la ley de igualdad y lo que me dijo a mí en persona en su despacho en febrero de 2019, que la tramitación de una denuncia por acoso sexual es pública. Y que un acosador puede conocer la identidad de una denunciante desde el minuto cero, incluso antes de abrirle un procedimiento", explica. "Lo que supone todo esto -añade-, es que las mujeres militares o las guardias civiles no tenemos derecho a la confidencialidad ante nuestros jefes y, por tanto, su mensaje es que es mejor que no denunciemos".
Los vestuarios y las bicicletas
La denuncia inicial de la zaragozana es casi una anécdota, visto lo sucedido después: en junio de 2017 puso en conocimiento del Ministerio que el delegado de Defensa en Aragón había restringido el uso del vestuario femenino asignado a las oficiales del cuartel para que los militares varones pudieran seguir aparcando dentro sus bicicletas.
A efectos prácticos, la queja no logró que se revocara la orden, sino que lo que se hizo fue sacar a las mujeres de allí y reubicarlas en el vestuario de tropa femenina. A efectos oficiales, la denuncia de Cebollero siguió su curso y se abrió una "información reservada", es decir, un procedimiento interno el cual terminó archivado, ya que el instructor consideró que los hechos no eran constitutivos de discriminación o acoso sexual.
Pero el asunto no quedó ahí ya que, tras la resolución administrativa favorable a los dos mandos, estos emprendieron acciones legales contra la capitana por "deslealtad" contra su honor, "injurias, calumnias y denuncia falsa". Como prueba, aportaron la denuncia supuestamente reservada que había presentado contra ellos y cuya copia les fue facilitada por el instructor de la queja. Además, este último atribuyó a Cebollero una falta disciplinaria por "petición o reclamación indebida". Tras meses de tramitación, ambas denuncias contra la capitana fueron archivadas.
Aún así, la oficial entendió que esas actuaciones legales y disciplinarias contra ella fueron represalias. De hecho, por ellas terminaría apartada del Ejército al declararla inadaptada psicológicamente, tras 27 años de servicio, 20 de ellos en cargos de responsabilidad. Por eso, Lourdes Cebollero no se quedó quieta y dio un paso más. Al enterarse de que el instructor había entregado a los dos implicados no solo una copia de la denuncia, sino sus datos personales e incluso su número de teléfono particular, los denunció a los tres por revelación de secretos e incumplimiento del deber de reserva sobre materias clasificadas.
"Un descuido"
La investigación interna abierta sobre esta cuestión concluyó con la resolución del subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre Calle, de que la filtración no suponía "infracción disciplinaria" alguna imputable a los mandos, ni un "secreto oficial" ni una información "clasificada". Y subrayaba que primaba el derecho a la defensa sobre la intimidad y la confidencialidad. Lo único que admitió a favor de la oficial fue que proporcionar el teléfono particular fue un "descuido", que equivalía a una infracción "leve" ya prescrita.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza también dio carpetazo a la denuncia penal presentada por Cebollero contra los mandos del acuartelamiento por revelación de secretos. El magistrado entendió que por "muy previa" que fuera la información, tenían derecho a la defensa. Además, acogió su argumento de que no denunciaron a la capitana por lo conocido a través de las copias, sino por un artículo publicado por HERALDO el 8 de marzo de 2018 en los que relataban los hechos acaecidos en el cuartel.
El sobreseimiento ha sido ratificado recientemente por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que no aprecia indicios de delito en la conducta de los mandos y dice que "difícilmente" puede hablarse de que el contenido de la denuncia por razón de género "pueda ser considerada secreto" o tratarse de una "información reservada".
El auto acude a la definición de la Real Academia Española (RAE) para explicar el verbo "denunciar" y dice que en sí mismo implica la "divulgación" de ciertos hechos. "Por lo que si la señora Cebollero había presentado una denuncia por unos hechos que a su juicio constituían una infracción por razón de género, ella misma ya había dado publicidad a los mismos (...) lo que impide considerar el contenido secreto", se alega.
El tribunal asegura también que hay "poca regulación" de lo que es una "información previa", algo con lo que difiere la capitana, que critica que se fundamente en la RAE que una denuncia puede ser pública. "Las fuentes del derecho con clarísimas -dice-. Hay abundante jurisprudencia en la sala del tribunal militar del Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional. Y toda dice lo mismo, que la información previa es una preparación para luego abrir o no un procedimiento contra una persona concreta".
Además, la oficial retirada, que va a recurrir el auto, cree que con estas resoluciones y la última de la ministra "se han cargado" la ley de igualdad, el protocolo contra el acoso, que habla de una actuación previa anónima, y los "derechos fundamentales de toda mujer militar o guardia civil".
