La cesión del Luis Buñuel se prorroga 4 años más a la espera del fallo del Supremo

La polémica cesión del antiguo instituto Luis Buñuel a la entidad que gestiona el centro desde 2018 caducaba este mes de marzo, pero se ha renovado automáticamente por otros cuatro años al no ser suspendida en plazo por el Ayuntamiento de Zaragoza. De esta forma, serán los jueces quienes determinen el futuro del edificio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) declarara ilegal el convenio firmado por el anterior gobierno de ZEC, un fallo que fue recurrido por los afectados al Supremo. Mientras, el gobierno PP-Cs, que quiere desalojar el inmueble para crear un centro cívico, estudia si todavía está a tiempo de rescindir el contrato con la asociación.

Las sombras de sospecha se cernieron desde el minuto uno sobre el convenio firmado por ZEC con una entidad heredera del colectivo ‘Dale vida al Luis Buñuel’, en cuyo germen estuvieron el exalcalde Pedro Santisteve y Elena Giner, exconcejal de la formación.

La asociación Escuela y Despensa denunció el acuerdo en los tribunales por un posible trato de favor, y tanto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de la capital aragonesa en primera instancia, como el TSJA después, lo declararon ilegal. Entre otras irregularidades en el proceso, los magistrados consideraron que en la cesión no se siguió un procedimiento acorde en términos de publicidad y concurrencia, y que no existieron reglas o baremos previos con los que fijar las condiciones a seguir por otros candidatos.

Los responsables de la entidad que gestiona el antiguo instituto bajo el nombre Centro Social Comunitario Luis Buñuel recurrieron el fallo del TSJA al Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Pero mientras llega la resolución, podrán seguir utilizando el inmueble, ya que el convenio se ha renovado automáticamente por cuatro años.

Seis meses de antelación

Así lo establece el documento de cesión, según el cual, la vinculación «tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por igual plazo, salvo que sea expresamente denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de seis meses». De haberse rescindido a tiempo el convenio, el Ayuntamiento podría haber desalojado el inmueble en abril, mientras que ahora deberá esperar a la resolución judicial, que no obstante, según los cálculos municipales, podría conocerse en mayo o junio.

En cualquier caso, el Consistorio no tira la toalla, y según fuentes del gobierno, el caso «se está estudiando jurídicamente» de tal forma que «en los próximos días se tomará una decisión». Desde la coalición PP-Cs recuerdan, además, que todo está «pendiente» de la resolución judicial, y aseguran que los técnicos municipales no han podido acceder a las instalaciones para valorar su estado y el cumplimiento del convenio, lo que podría abrir una vía para su invalidación.