Si dejó de pagar la manutención a su hijo no fue por voluntad, sino por obligación. De ello trató de convencer ayer Javier C. S. al tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial, ante el que negó haber intentado ocultar su patrimonio para no hacer frente a la pensión de alimentos que le impuso el juez en la sentencia de divorcio. Porque insolvencia punible y abandono de familia son los delitos que le imputan tanto la Fiscalía como su exmujer, que piden para él una condena de entre tres años y medio y cuatro años y medio de prisión.

"Les aseguro que yo he pagado siempre todo lo que he podido. Pero desde que mis empresas se fueron a la ruina, no tengo más que deudas. ¿Cómo le voy a pasar a mi hijo 800 euros al mes si yo solo cobro 900?", declaró en el juicio el encausado, que antes gestionaba negocios de logística y actualmente alterna el subsidio de desempleo con un trabajo temporal como submarinista, de mayo a septiembre. "Ojalá pudiera pagarle mucho más, es lo que más me gustaría", insistió Javier C. S., negando tajantemente que haya tratado de desentenderse del niño.

Además del supuesto impago de la manutención del menor, las acusaciones reprochan al encausado que dejara de abonar la hipoteca de un chalé de Montecanal que tenía a medias con su exmujer, a lo que estaba obligado por la sentencia de divorcio. Para el fiscal y para el abogado Francisco Javier García Berenguer, que representa a la querellante, el encartado puso varios de sus bienes a nombre de su actual esposa –la también acusada Paloma L. C.– para quedarse sin patrimonio y no tener que abonar pensión alguna. Pero el hombre lo niega.

"Claro que tenía que pagar 2.000 euros mensuales por la hipoteca del chalé. Yo mismo me ofrecí a costearla íntegramente, asumiendo la mitad que le correspondía a mi entonces mujer. Cuando mis empresas se fueron a pique, preferí dejar de pagar el crédito del piso que yo tenía en La Floresta antes que la hipoteca de Montecanal, siempre pensando en no causarle ningún daño a ella.Pero llegó un momento en que no pude hacer frente a nada", dijo.

El hombre –al que defiende Rafael Ariza– explicó también que si se quedó sin ingresos fue porque su exmujer no quiso vender la vivienda cuya titularidad compartían al 50%. Según este, hubo ofertas, pero ella "siempre se negó".Preguntado por qué puso a nombre de su actual esposa la mitad de aquel chalé, el acusado explicó que "estaba destrozado y lleno de escombros" y fue ella quien pagó los 70.000 euros de la reforma. La acusación particular recordó a Javier C. S. que también le transmitió a su actual mujer el 100% de una casa en Castellón y las participaciones de una sociedad mercantil. "Del primero, también fue ella quien se hizo cargo de la hipoteca. Y del negocio solo le dejé deudas", se justificó.

La acusada, a la que defiende la letrada Pilar Arnas, se pronunció en el mismo sentido que su marido. "Lo hemos pasado muy mal. Queríamos evitar que el banco se quedara el chalé, pero no lo hemos conseguido. Mis padres nos han ayudado, tengo embargada la nómina, el coche... Y aún así seguimos con deudas", declaró Paloma L.C., para quien piden entre 3 y 4 años como cooperadora en el delito de insolvencia punible.

La querellante, que compareció como testigo, negó haberse opuesto a la venta del chalé y aseguró que "nunca" tuvo ofertas de inmobiliarias.En cuanto a la pensión de manutención del niño, cifró en más de 23.000 euros el dinero que le adeuda su expareja.

La Fiscalía mantuvo los cargos que pedía inicialmente, pero corrigió un error técnico y rebajó de 5 años a 3 la petición de cárcel por la insolvencia punible.