Este domingo, Día del Consumidor, la UCA estará en el acto de la Plaza del Pilar junto con el resto de las entidades y organismos relacionados con el consumo en Aragón, y recogerán firmas contra las subidas de los precios de la luz para presentarlas al Ministerio de Industria.

-¿Cuáles son los principales problemas a los que enfrentan los consumidores hoy en día?

-El principal problema al que se enfrentan los consumidores españoles es la impunidad con la que las grandes empresas de sectores esenciales para la vida cotidiana abusan de su poder e influencia. La energía, el sector financiero, las comunicaciones, los servicios esenciales están en nuestro país en manos de un reducido número de empresas que abusan de su posición para obtener grandes beneficios a costa de los consumidores.

Y, no contentos con esto, se ponen de acuerdo para pactar precios y servicios, siempre en perjuicio de los ciudadanos. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

- Este domingo recogen firmas contra las subidas del precio de la luz para presentarlas en el ministerio. ¿Qué se puede hacer contra la pobreza energética que padecen muchos hogares?

- El sector de la energía es el mejor ejemplo de lo que digo. Un pequeño número de empresas dominan un mercado que se han repartido y, aprovechándose de su influencia sobre el poder político, consiguen una y otra vez legislaciones favorables que, en lugar de proteger a los ciudadanos y asegurarles un acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, está siempre pensada para garantizar un alto nivel de beneficios para las grandes empresas.

Carecemos de una legislación, como la que existe en muchos países europeos, que proteja a los usuarios e impida la situación de pobreza energética en la que viven miles de hogares españoles.

- Y, ¿cómo está la situación en Aragón?

- Se calcula que unas tres mil familias no pueden acceder a la energía en condiciones mínimas, familias que no pueden calentarse en invierno o cocinar, o incluso iluminar sus hogares. La solución es política, necesitamos un cambio legislativo que no podemos esperar de políticos que salen de los cargos públicos para entrar a trabajar precisamente en estas grandes empresas.

- ¿Qué recomiendan en estos casos a los usuarios?

- Es difícil recomendar nada a los que sufren esta situación. Las medidas de ahorro energético, como bajar la potencia contratada, pueden aliviar algo el recibo de la luz, pero incluso esta medida puede no servir de nada ante un nuevo cambio legislativo. De hecho, tras la campaña que la Unión de Consumidores lanzó junto con otras organizaciones, para bajar las potencias contratadas, el Gobierno, para compensar a las eléctricas por la pérdida de ingresos, incrementó el precio de este capítulo. Así que es como luchar contra los molinos de viento...

- ¿Cuáles son las principales reclamaciones y consultas que llegan a la UCA?

- La mayor parte de las consultas y reclamaciones vienen de tres grandes sectores, el de comunicaciones, con la telefonía móvil a la cabeza; el sector financiero, con cláusulas abusivas y comisiones crecientes, y el sector de servicios generales, electricidad, gas, agua, etc.

- La telefonía móvil es el eterno quebradero de cabeza para el pequeño consumidor, ¿es ineficaz la normativa vigente para aplacar estos abusos?

- La telefonía móvil es un mercado muy dinámico que además se creó a partir de una situación de monopolio de una compañía que justificó dotar al resto de ventajas que siempre operaban en contra de los derechos de los consumidores. Poco a poco hemos ido limitando esas situaciones como los redondeos, tarificaciones adicionales, abusos en altas y bajas, etc. Pero el gran avance de la tecnología en este sector hace que los problemas se multipliquen cada día. Es un sector muy conflictivo, pero hay que recordar que en este momento en España hay más de 50 millones de líneas móviles, es decir, que nos toca a una línea y pico por cada habitante, incluidos los niños recién nacidos.

- También la cuestión de los alquileres suscita muchas consultas.

- Aquí se ha notado la crisis. Ya antes de la crisis las personas de pocos ingresos solían vivir de alquiler, la crisis ha incrementado este sector social y conforme se ha agravado, los problemas para pagar los alquileres se han multiplicado. Además, han aparecido en el mercado agentes empresariales muy agresivos que están rompiendo el tradicional modelo de relación entre arrendador e inquilinos, aumentando los abusos.

Reclamaciones de los afectados por las riadas

- Están haciendo recomendaciones a sus asociados que hayan sido afectados por las riadas del Ebro. ¿Qué deben tener en cuenta?

- La regla de oro es comprobar si nuestros seguros cubren los daños y, si no es así, acudir a las ayudas que canaliza el Gobierno de Aragón. En todo caso, como no está muy claro cómo van a funcionar, conviene documentar todo lo posible todos los daños sufridos.

- ¿Hay todavía falta de concienciación en la sociedad sobre la importancia de reclamar sobre los abusos al consumidor?

- Creemos que esta conciencia está creciendo, reclamamos más y protestamos menos. Si de algo podemos estar orgullosas las organizaciones de consumidores es de haber logrado llegar a los ciudadanos con nuestras recomendaciones. Para ser justos también hay que reconocer la labor de los medios de comunicación, que cada vez más están sensibilizados con estos temas.

-¿Considera que habría que incidir más en la educación de los más pequeños para que conozcan sus derechos?

- El aprender a consumir responsablemente debería formar parte del currículum escolar, pero creemos que las generaciones jóvenes tienen una formación en este sentido cada vez mejor. Nos preocupan más las generaciones de mayores. Las personas de más de 60 años, educadas en un modelo de relación con las empresas totalmente diferente del actual, son un blanco perfecto para todo tipo de abusos, engaños y estafas. En la UCA hemos desarrollado una guía para este tipo de personas que son especialmente vulnerables.

- ¿Cómo valora la situación del movimiento del consumo en España?

- Estamos viviendo una crisis de cambio. El modelo de protección a los consumidores que se diseñó en los años 80 está dando muestras de agotamiento. Ha servido, y bien, para la relación entre el consumidor y la pequeña empresa, pero se muestra incapaz ante los grandes consorcios empresariales o ante modelos comerciales tan agresivos como los actuales.