Los comparecientes este lunes ante la comisión parlamentaria de investigación de la actividad de Caja Inmaculada en las Cortes han achacado este lunes al director general de la entidad entre agosto de 2005 y diciembre de 2009, Tomás García Montes, especialmente cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Su carácter "autoritario", el "excesivo poder" de los sucesivos directores generales de CAI que no podía ser contrarrestado por el presidente de la entidad o el no haber advertido los riesgos de hacer crecer a alto ritmo el negocio promotor son algunas de las cuestiones que han puesto de relevancia este lunes los comparecientes en la comisión.

Los riesgos del gran peso de la actividad promotora en la entidad fueron advertidos a García Montes en un informe elaborado por el responsable de la Auditoría Interna de Caja Inmaculada, José Manuel Ibáñez, en febrero de 2006 pero el director general no lo aceptó y decidió la destitución de su autor, el propio Ibáñez, según ha explicado él mismo en la comisión.

Además de criticar duramente la gestión de García Montes, Ibáñez ha asegurado que el informe que elaboró y que envió al director general alertando de los riesgos del negocio inmobiliario y de la forma de actuar de la sociedad CAI Inmuebles fue el detonante de su destitución, en septiembre de 2007, una vez que el Banco de España también había alertado de estos riesgos.

A su juicio, García Montes, a quien ha llamado "arribista", tenía un "exceso de soberbia y avaricia" fundamentado en su "falta de autoridad moral", y ha agregado que "lo único" que hizo con su gestión en la CAI fue "echar a perder una institución con cien años de historia".

También tres de los miembros de la Comisión de Control de la entidad (el presidente entre mayo de 2004 y mayo de 2008, José Luis Casao; el vicepresidente entre mayo de 2010 y diciembre de 2013, Guillermo García Mercadal, y el vocal entre mayo de 2006 y diciembre de 2013 Francisco Javier Basols) han señalado que el poder de García Montes era excesivo y no ofrecía información adecuada sobre muchas operaciones, en concreto sobre las relacionadas con CAI Inmuebles, sociedad participada creada en el año 2001 por Luis Calvera y en la que el director general actuaba como "socio único".

Los responsables de los órganos de control de CAI han reconocido que la auditoría interna no era totalmente independiente y en este sentido, Ibáñez ha reconocido que García Montes corregía y tachaba" los informes.

Respecto al negocio promotor, los miembros de la Comisión de Control han apuntado que no detectaron "alarmas" por el excesivo porcentaje que suponía el sector promotor e inmobiliario en el negocio total de la caja, pero también que no recibían información sobre las operaciones que llevaba a cabo CAI Inmuebles ni sobre el volumen total del sector promotor en el conjunto de la actividad de la entidad.

A juicio del responsable de la Auditoría, no obstante, los altísimos beneficios que obtuvo CAI Inmuebles en sus primeros años fueron el "cebo" que García Montes "picó" para volcar a la entidad en el sector, sin darse cuenta unos pocos años después que de la caldera "estaba hirviendo" y era necesario desinvertir en el sector.

Los auditores y miembros de la Comisión de Control han reconocido su parte de culpa en el fracaso de la actividad de CAI, pero también han insistido en que las operaciones que debían controlar contaban con todos los informes favorables requeridos de las sociedades de tasación y que, además, pasaban después una auditoría externa que tampoco detectó salvedades.

También ha comparecido el responsable de la Auditoría Interna de Caja Inmaculada entre 1995 y abril de 2001, Andrés Hueso, quien cree que la sociedad CAI Inmuebles era un "vehículo que favorecía la opacidad" y el "oscurecimiento" de una parte del negocio de la caja.