Interior actuará de nuevo en el cuartel de Mayandía ante las deficiencias del edificio

El Ministerio del Interior volverá a actuar este año en el cuartel policial de la calle de General Mayandía de Zaragoza para intentar acabar con las notables deficiencias que presenta el inmueble. Lo hará con un proyecto de rehabilitación por valor de 295.000 euros que ya ha sacado a licitación, que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses y que los sindicatos ya han calificado de «insuficiente».

No será la primera intervención en el edificio en los últimos años, en los que varios informes han constatado las «graves deficiencias» que presenta, con riesgo para los ciudadanos y para los propios agentes –hasta 650–, que tienen allí su lugar de trabajo. En primavera, Interior ya ejecutó unos trabajos por 60.000 euros en los que se reforzaron los pilares y se mejoró el saneamiento de los tejadillos con riesgo de derrumbe. Desde la Delegación del Gobierno explicaron que se actuó en las zonas con «mayor riesgo para los ciudadanos y para los alumnos del colegio público Joaquín Costa».

El Ministerio se vio obligado a intervenir para cumplir con las exigencias de Urbanismo, que realizó una inspección –tras una denuncia del sindicato SUP– en la que evidenció el deterioro del inmueble, inaugurado en 1945, y que sufre la falta de mantenimiento. Pero los trabajos de urgencia del mes de abril no fueron suficientes. Tal y como recoge el nuevo proyecto de obras que se ejecutará este año, el cuartel «no reúne las condiciones mínimas de seguridad».

Por ello, los arreglos se centrarán de nuevo en las fachadas, para consolidar los aleros, vierteaguas, cornisas y miradores por posibles derrumbes. «El peto perimetral de cubiertas de piedra presenta un estado muy deteriorado, con desprendimientos puntuales, situación que supone un riesgo muy alto para los propietarios y viandantes», señala el documento.

En cualquier caso, los sindicatos lo siguen considerando un parche. Desde UFP aseguran que es «claramente insuficiente» y recuerdan que la inspección técnica del edificio emitió un informe desfavorable que cifró en 1,7 millones de euros el coste de acometer las reformas necesarias para que el cuartel cumpla con todas las garantías de seguridad. Por ello reclaman su cierre.