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Se busca traductor de bambara para juzgar en Teruel a un maliense por agresión sexual
La vista oral ha tenido que aplazarse al alegar el acusado que no entiende bien el francés, idioma oficial en su país para el que sí había intérprete
La Audiencia Provincial de Teruel ha tenido que suspender este martes el juicio contra un hombre nacido en Mali y acusado de haber cometido una agresión sexual porque la intérprete contratada para traducir sus palabras conocía el francés, inglés, alemán e italiano, pero no el bambara, el idioma que ha dicho dominar el procesado.
Makan D., de 42 años de edad, ha explicado que, de niño, no fue a la escuela, por lo que no aprendió la lengua francesa, que se introdujo en el país africano durante el período colonial y se mantuvo como el idioma oficial desde la independencia hasta 2023.
Aunque reside y trabaja en Teruel, donde, presuntamente, habría cometido la agresión sexual, ha señalado que tampoco conoce bien el español y ha insistido en que su lengua natural es el bambara, la más extendida en Mali de las más de diez que se hablan en el estado subsahariano.
Ante esta situación, el tribunal no ha tenido más opción que aplazar el juicio hasta el próximo 16 de abril y tratar de localizar en este tiempo un traductor oficial de bambara. Todo apunta a que será posible, pues en una de las declaraciones que tuvo que prestar a lo largo del proceso ya fue asistido por un intérprete que conocía el idioma del país centroafricano y no hubo problemas. En otra de sus comparecencias tuvo a su lado a un traductor de francés y, al parecer, la comunicación no fue fluida.
Piden ocho años de prisión
Makan D. está acusado de haber forzado a su compañera de piso a mantener relaciones sexuales, algo que él niega. Los hechos habrían ocurrido el 7 de junio de 2023 y desde entonces el procesado está en prisión preventiva. el Ministerio Fiscal pide para el maliense una condena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 8.000 euros, además de 12 años de alejamiento y 15 años de prohibición de trabajar con menores.
La acusación particular eleva a 10 años la pena de cárcel solicitada para el procesado, a la que añade otros siete años de libertad vigilada, mientras que la defensa pide la libre absolución.
