Los cinco integrantes de un equipo forestal que, presuntamente, provocó por un descuido el incendio registrado el pasado mes de marzo entre las provincias de Teruel y Castellón que arrasó 4.800 hectáreas de bosques han sido imputados por el Juzgado de Segorbe (Castellón) por el delito de incendio forestal por imprudencia. Las llamas consumieron 840 hectáreas de pinares en las localidades turolenses de San Agustín y Olba y obligaron a desalojar a los habitantes del segundo municipio y, parcialmente, a los del primero.

La jueza que instruye el caso investiga si el incendio que se desató en Villanueva de Viver –localidad limítrofe con la provincia de Teruel– el pasado 23 de marzo empezó por las chispas que saltaron de las máquinas desbrozadoras que manejaba una brigada de limpieza formada por cuatro operarios y un capataz, las cinco personas que están investigadas.

Según la investigación realizada por la Guardia Civil, el fuego pudo iniciarse junto al lugar en el que trabajaba el equipo forestal cuando las chispas de sus máquinas prendieron en la maleza. Los trabajadores intentaron apagar las llamas con un extintor y una mochila para pulverizar agua, pero no pudieron contener el incendio, que se propagó con rapidez y que obligó a desalojar a 1.350 personas de varias localidades en la confluencia de las provincias de Teruel y Castellón, 250 de las cuales procedían de Olba y San Agustín. Debido a las grandes dimensiones del siniestro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona para conocer la situación y anunciar ayudas para paliar sus efectos.

Los cuatro operarios imputados prestaron declaración recientemente en el Juzgado de Segorbe mientras que el capataz lo hará en breve, según indicó una fuente judicial.

El procedimiento establecido por el Gobierno valenciano para trabajos forestales establece que, si se utiliza una desbrozadora, el trabajador que la maneja debe actuar apoyado por otro operario provisto de una mochila de agua o de un extintor para actuar en caso de que salten chispas. Las averiguaciones de la Guardia Civil apuntan a que las cautelas obligatorias se incumplieron en este caso. Una fuente cercana al caso señaló que el capataz no estaba en el lugar donde el fuego se inició porque se le habría encomendado otra labor.

El incendio iniciado en Villanueva de Viver, que pasó a la provincia de Teruel empujado por el viento, fue el primero de grandes dimensiones de 2023. Sorprendió por las fechas prematuras en las que se desató. El operativo de extinción desplegado incluyó medios terrestres y aéreos de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Teruel. Entre los 23 aviones y helicópteros utilizados, figuraron unidades desplazadas también desde otras comunidades.

El fuego penetró en la provincia de Teruel por San Agustín, donde fueron desalojadas varias pedanías, entre ellas La García, que resultó prácticamente destruida en su totalidad. Los daños causados en viviendas de este núcleo –y en menor medida en el vecino del Mas de Caballero– ascienden a 543.249 euros. El Ayuntamiento pide apoyo a otras administraciones para proceder al desescombro.

El frente del fuego se acercó a continuación a Olba, cuya población fue desalojada en su totalidad como medida de precaución ante la cercanía de las llamas y la irrupción del humo a sus calles.