El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha condenado a penas de entre 8 y 6 meses de prisión a dos empresarios de la capital oscense y a una veintena de trabajadores por fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La sentencia fue acordada entre la acusación pública y los letrados de la defensa de los acusados tras asumir éstos la responsabilidad de los hechos imputados y reconocer que se beneficiaron de falsas contrataciones que posibilitaban a los trabajadores percibir prestaciones o subsidios.

En virtud del acuerdo alcanzado, el fiscal retiró la acusación contra un tercer empresario de origen rumano implicado en los hechos y dejó para el proceso de ejecución de la sentencia las indemnizaciones solicitadas contra los dos empresarios por el fraude perpetrado, inicialmente valoradas en 83.000 euros.

El presunto fraude se perpetró entre los años 2009 y 2011, mediante falsas contrataciones que posibilitaban a los trabajadores ser dados de alta en la Seguridad Social durante el tiempo necesario para percibir prestaciones por desempleo u otro tipo de subsidios y ayudas.

Según el fiscal, los dos empresarios, nacidos en la provincia de Huesca, se pusieron de acuerdo para servirse de sus respectivas sociedades con el fin de perpetrar un fraude que les reportara beneficios.

Estos acusados utilizaron sus sociedades empresariales para suscribir contratos con personas que abonaban a la trama 400 euros por ser dados de alta en la Seguridad Social y una cantidad mensual sin determinar mientras permanecían en esta situación.

El fiscal implica en esta supuesta organización delictiva a otras tres personas de origen magrebí que tenían la supuesta misión de poner en contacto a los responsables empresariales con las personas interesadas en alcanzar el derecho a percibir prestaciones sociales.

De estos servicios presuntamente fraudulentos se sirvieron una veintena de trabajadores, entre ellos una mujer española y 19 inmigrantes magrebíes.

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente para los dos empresarios condenas de 3 años de prisión por presuntos delitos de falsificación de documentos oficiales, multas de 2.160 euros y el pago conjunto de una indemnización a la Seguridad Social de casi 83.000 euros por el presunto fraude.