La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón debatirá este martes una proposición no de ley del PAR para que el Gobierno de España siga financiando los trabajos de descontaminación pendientes en los suelos de Sabiñánigo (Huesca) afectados por Inquinosa, dada la indudable "subsidiariedad" del Ejecutivo central, ya que la mayor parte de la actuación industrial que causó los vertidos se produjo cuando las competencias en Industria y Medio Ambiente no estaban transferidas a la Comunidad Autónoma. 

La actividad industrial ocasionó hace unas décadas varios episodios de contaminación de suelos en el entorno de Sabiñánigo, en épocas en las que no existía normativa ni prácticas adecuadas, cuando todavía no estaban transferidas a Aragón las competencias sobre industria y medio ambiente y, por tanto, eran ejercidas por la Administración General del Estado. 

Como consecuencia de ello, han indicado desde el PAR, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Ministerio competente firmaron un convenio para ejecutar conjuntamente los trabajos necesarios para la solución definitiva a los antiguos vertedero de la empresa Inquinosa en Bailín y en la zona de Sardas, los suelos de la fábrica y otros puntos aislados.Traslado de residuos  

Ahora, una vez finalizado el convenio, el PAR ha presentado en las Cortes una propuesta en la que insta al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno central y reclame la continuidad de la colaboración presupuestaria para ejecutar las actuaciones pendientes. Entre los trabajos financiables se incluye el traslado de los residuos hasta la celda de seguridad y la clausura del actual vertedero de Bailín, en plena fase de ejecución. 

Hasta el año 2012 las actuaciones realizadas dentro del convenio firmado suponían una inversión de 28,6 millones de euros, de los que 15,6 los aportaba el Gobierno de Aragón y 13 millones el Gobierno central. De esa manera se reforzaban los trabajos de control y descontaminación que se venían acometiendo y se daba respuesta a lo previsto en la declaración de impacto ambiental del año 1995. 

Las nuevas obras han consistido principalmente en la construcción de un depósito de seguridad definitivo para albergar los residuos de menor peligrosidad con las máximas garantías ambientales, mientras que aquellos otros que requieren técnicas distintas a las de eliminación en vertedero, han de ser extraídos y transportados fuera de la Comunidad Autónoma. 

Para todo ello, es muy importante, han subrayado desde el Grupo Parlamentario del PAR, que las actuaciones pendientes cuenten con más aportación presupuestaria del Gobierno central y se realicen en el plazo más breve posible.