Fago libra una nueva batalla con Ansó para conseguir un término municipal
Ambos municipios están enfrentados desde el siglo XIX por las lindes. El Supremo reconoció a Fago 28 kilómetros cuadrados, ya que ahora solo cuenta con su casco urbano, pero quedó pendiente fijar los límites.
Fago es el pueblo más pequeño de la provincia de Huesca en habitantes, tan solo 26, y seguramente sea el que figura a la cola de Aragón en superficie. En 2007, un hecho dramático, el asesinato de su alcalde, Miguel Grima, lo convirtió en un lugar mediático y dio a conocer su singularidad: carece de término municipal y su territorio se limita al casco urbano. Años después, en 2018, el Tribunal Supremo le dio la razón y le asignó 2.876 hectáreas (28,76 km2) que se disputaba con la localidad vecina de Ansó. Sin embargo, el nudo gordiano del litigio está aún por deshacer, ya que el deslinde sigue pendiente.
La batalla entre los dos municipios de la comarca de la Jacetania, que se remonta a siglos atrás, suma ahora un nuevo capítulo, el de la ejecución efectiva de la nueva división. Fago acaba de incoar un expediente de deslinde entre los dos términos, basado en la discrepancia existente en la fijación del territorio, y ha designado una comisión formada por el alcalde, Enrique Barcos, tres técnicos y dos miembros de la asamblea vecinal para verificar la operación. Estos últimos figuran como asesores "por su conocimiento de los hechos acontecidos en las últimas décadas respecto a los límites geográficos".
Lo mismo ha hecho el Ayuntamiento de Ansó, que hace unas semanas también creó la comisión correspondiente. El paso siguiente debe ser convocar día y hora para el acto de deslinde, algo nada sencillo.
Enrique Barcos ha declinado hacer cualquier comentario al respecto. Mientras, la alcaldesa de Ansó, Blanca Alfonso, admite la complejidad del proceso instado por el otro ayuntamiento debido al desacuerdo. "Estamos a la espera de ver cómo se define el Gobierno de Aragón para ver la manera más adecuada de actuar", señala la edil, quien también se muestra muy discreta.
Fago está en el valle de Ansó rodeado por este término y ambos comparten una mancomunidad forestal creada hace 146 años, con un 20% del primer ayuntamiento y un 80% del segundo. Una de las dudas es si el porcentaje en el aprovechamiento de los bienes sería equiparable a la propiedad del suelo.
Los problemas se remontan al siglo XIX. En 1830 se optó por la división y desde entonces Ansó ha ejercido sus competencias en todo el territorio a excepción del casco urbano de Fago. El Supremo dictó sentencia respaldando las tesis de este municipio y dio por bueno el dictamen del Instituto Geográfico Nacional de 1995. Este había realizado una consulta al Instituto Nacional de Estadística e incorporado a su base de datos la línea de separación que figura hoy en el Registro de Entidades Locales. Según el reparto avalado por el alto tribunal, la superficie de Fago es de 28,76 km2 y la de Ansó, de 223, 08.
La Dirección General de Coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dirigió escritos a los ayuntamientos, la Diputación y el Gobierno de Aragón dando cuenta de "la irregularidad" constante que se producía por que el Ayuntamiento de Fago aparecía sin término municipal. En 1987 ya constaba un informe de la Diputación destacando que no tenía delimitado su territorio. Y aunque hace 20 años la Dirección General de Administración Local de la DGA inició un procedimiento de deslinde, este quedó paralizado.
El Gobierno de Aragón mantiene la tutela del nuevo proceso, pero sobre la base de la autonomía local y confiando en un acuerdo. Si hubiera discrepancia debería intervenir. "Se trabaja con discreción y sería deseable un entendimiento", señalaron desde Administración Local.
"Va a ser algo complejísimo, no es solo trazar una línea", señala el concejal de Ansó Antonio Jesús Gorría, geógrafo y miembro de la comisión que debe velar por la operación, recordando que se ha intentado otras veces sin éxito. "No estoy en contra, pero creo que no es una prioridad ni va a reportar beneficios económicos a Fago", afirma. Además resultará muy costoso, dice, porque implica la intervención de ingenieros de montes, topógrafos..., "y eso lleva gastos y tiempo". Y admite que el litigio no es solo entra administraciones sino que afecta a las relaciones vecinales.
Sobre la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago, que gestiona entre otros los aprovechamientos ganaderos, Gorría menciona que los cálculos del reparto hechos sobre una quinta parte de la población y del ganado ahora serían diferentes. "Habría que ajustarlo todo", declara.
