¿Qué pueblos de Aragón han solicitado cámaras de videovigilancia y cuáles ya las tienen?
Cada vez son más los ayuntamientos que recurren a este sistema para intentar frenar las oleadas de robos y el vandalismo.
"Nos sentimos desprotegidos", decía este martes el alcalde de Lalueza, Julio Sampériz, uno de los 70 que han asistido en Huesca a una jornada informativa, organizada por la Diputación Provincial y la Delegación del Gobierno en Aragón, para hablar de los sistemas de videovigilancia. Y es que cada vez son más los ayuntamientos interesados en colocar cámaras para atajar el vandalismo y los robos que afectan a instalaciones municipales, viviendas y explotaciones agrarias.
El propio delegado del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, reconocía su componente disuasorio, "para potenciales personas que se planteen un hecho ilícito", y su utilidad para la investigación de los delitos. "En Aragón son numerosos los delitos que se han esclarecido gracias a las imágenes de seguridad”, decía. De ahí el interés en explicar en la jornada informativa el proceso de solicitud y los trámites a seguir.
En Aragón existen 68 pueblos y ciudades que tienen autorizadas cámaras y otras 46 las han solicitado. Y el número se incrementará, según el delegado del Gobierno, "porque sabemos de más alcaldes que tienen interés".
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Municipios de Zaragoza con cámaras de videovigilancia y los que los han solicitado
La provincia de Zaragoza es la que lidera el ranquin con 39 municipios autorizados: Abanto, Almochuel, Ardisa, Badules, Balcochán, Biel, Bordalba, Cabolafuente, Cadrete, Calatayud, Caspe, Castiliscar, Clarés de Ribota, Contamina, Cubel, Ejea de los Caballeros, El Frago, Épila, Gallur, La Almunia, La Puebla de Alfindén, Las Pedrosas, Longares, Los Fayos, Maella, Mallén, Mequinenza, Monegrillo, Monterde, Paracuellos de Jiloca, Pedrola, Ricla, Tarazona, Tauste, Utebo, Villar de los Navarros, Zaragoza y Zuera.
Las han solicitado otros 31: Aguilón, Alconchel de Ariza, Bárboles, Borja, Bujaraloz, Castejón de Arlarba, Castejón de Valdejasa, Chiprana, Encinacobra, Figueruelas, Fuencalderas, Grisén, Illueca, La Joyosa, La Muela, Layana, Letux, Lumpiaque, Luna, Mallén, Maluenda, Mediana de Aragón, Morata de Jiloca, Novallas, Novillas, Pastriz, Puendelina, Sisamón, Torres de Berrellén y Urrea de Jalón.
Municipios de Huesca que tienen cámaras de videovigilancia y los que los han pedido
En el caso de la provincia de Huesca, donde este martes se ha celebrado la jornada informativa, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado: Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués. Y otras cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado: Banastás, Casbas de Huesca, Sariñena, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca.
Municipios de Teruel que tienen cámaras de videovigilancia y los que los han solicitado
En la provincia de Teruel hay 13 municipios con cámaras y existen peticiones en otros 10. Entre los primeros están Aguatón, Albalate del Arzobispo, Albarracín, Alcaine, alcañiz, Bañón, Blesa, Calomarde, Huesa del Común, Loscos, Singra, Teruel y Valjunquera. En trámite están otras 10: Anadón, Beceite, Bueña, Fuentespalda, Huesa del Común, Loscos, Monforte de Moyuela, Peñarroya de Tastavins, Samper de Calanda y Villanueva del Rebollar.
Las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se tramitan a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón. Esta Comisión está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la conforman la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un abogado del Estado, el secretario general y la jefa de Derechos Ciudadanos de la Delegación y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
La Diputación de Huesca está diseñando un plan de seguridad territorial con dos vertientes: la asistencia técnica con un protocolo para que todos los municipios sepan cómo desarrollar e implantar sus sistemas de videovigilancia; y la dotación a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes de una ayuda económica para la compra de equipos. Estos delitos han animado a los ayuntamientos a reforzar la videovigilancia.
A finales de octubre de 2023, la Delegación del Gobierno tenía contabilizadas 721 cámaras de uso público autorizadas. La ciudad de Huesca, con 118, encabezaba la lista, seguida de Ejea de los Caballeros (90), La Puebla de Alfindén (46) o Sabiñánigo (35), pero muchos núcleos pequeños, como Arén (3) o Ardisa (5) también contaban con estos dispositivos. Y en esa misma fecha estaban en trámite para autorizar o renovar 760 en 54 localidades de la Comunidad, la mayor cantidad en Utebo (53), Monzón (92) o Caspe (45).
Solo Sariñena aspira a colocar 50, en dos fases, para repartir el gasto en distintos ejercicios presupuestarios. Hace un año que empezaron a tramitar la solicitud, siempre en espacios municipales, "aunque abarcando un poco más allá". Ahora acaban de recibir una respuesta reclamando unas subsanaciones de errores a su petición.
Las estadísticas del Ministerio del Interior corroboran la impresión de los vecinos de algunos pueblos de que últimamente se producen más robos en viviendas. Según el último balance trimestral de criminalidad disponible, entre enero y septiembre de este año se registraron en la provincia de Huesca 243 robos con fuerza en domicilios, frente a los 168 del mismo periodo del 2022, un 44,6% más. Solo en estos nueve meses hubo más delitos de este tipo que en todo el 2022 (241).
