Padres de Caneto: "Los jueces nos reconocen el derecho a educar a nuestros hijos en el pueblo"
Las familias tienden la mano a Educación para trabajar codo con codo en subsanar las deficiencias que pueda tener la escuela.
Las familias de los 21 niños de Caneto, sin escolarizar desde hace más de dos meses tras decretar Educación el cierre de la escuela alegando numerosas deficiencias, han recibido con satisfacción el auto judicial que ordena de manera cautelar retomar las clases en beneficio de los menores. Para los padres, es "un paso adelante en la batalla porque los niños puedan estudiar en el pueblo" pero no lo consideran una victoria, dado que se trata de una medida cautelar.
La decisión del TSJA se produce tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Amypa 'Aldea de Caneto' y 14 padres más contra el cierre. En el mismo solicitaron la medida cautelar para la reapertura inmediata mientras se sustanciaba el recurso, porque, en caso contrario, "se producirían perjuicios de muy difícil o imposible reparación", ya que los niños llevan sin escuela desde el 7 de noviembre, atendidos en las aulas por los padres.
Según el portavoz de las familias, Eduard Jubert, "estamos encantados por el amparo del tribunal, por que nos haya reconocido los derechos por los que estamos luchando desde el primer día, educar a nuestros hijos en el pueblo. No lo consideramos una victoria sino un gran paso para que de una vez por todas la administración subsane las deficiencias que ellos achacan al centro". En su opinión, es el momento de trabajar "codo a codo con el Gobierno" para resolver todos los flecos en cuanto a la situación de la escuela "por el bien de las dos partes".
El director general de Planificación, Centros y Formación Profesional de la consejería, Luis Mallada, ha llamado personalmente la mañana de este viernes por teléfono a los padres para comunicar la reanudación de las clases a partir del martes. "A priori la predisposición parece que es buena, que no tienen intención de perjudicarnos. Nosotros queremos trabajar en la misma dirección que Educación, es el mensaje que les hemos lanzado. Les he dicho que queremos que esto sea un primer paso para dejar todo atado", ha comentado Eduard Jubert, para quien el auto supone un punto de inflexión.
Las familias, que en todo momento se han mostrado muy prudentes y cuya actitud ha alabado la propia consejera, insisten en que son medidas cautelares y que el proceso judicial no ha terminado. La solución definitiva llegaría, para ellos, cuando el Gobierno reconozca que el centro puede funcionar y si hay deficiencias, resolverlas. "Esto no ha terminado", dicen.
Sobre la contracautelar adoptada por el TSJA (da 15 días al Gobierno para detallar las deficiencias), y la posibilidad de revertir la resolución de hoy, Jubert ha manifestado que todos los defectos son subsanables y confía en que el tribunal se pronuncie en este sentido. "No son cuestiones imposibles de subsanar, se pueden arreglar. Tenemos la confianza y es el momento de trabajar en ello. Si están preocupados por la calefacción se puede poner una caldera", señala en referencia al riesgo de incendio por las estufas de leña en las aulas de madera. "No existe un peligro real, y tenemos informes que lo avalan. Más peligroso es sacar a los niños a la carretera para trasladarlos a otra escuela", añade.
Jubert ha agradecido el amplio respaldo recibido. Sí habla de "victoria social frente a la injusticia de una medida que solo el PP veía con buenos ojos", ha declarado, en referencia al apoyo de todos los partidos políticos, incluido Vox.
